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Se esperaba que la Corte Constitucional de Colombia pueda declarar este jueves que el recién creado impuesto solidario sea exequible, con lo que el salario de altos funcionarios públicos se vería reducido para poder hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, el impuesto aún tiene varios retos que superar antes de declarar victoria y por lo cual se ha quedado estancado. En primer lugar, tres magistrados que participan en el caso han considerado impedidos para seguir adelante, y la Sala Plena del alto tribunal aún no sabe si apartarlos o no del estudio.
Los magistrados Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Carlos Bernal habían presentado impedimentos a la Sala para poder seguir en el debate, en vista de que, por nexos familiares, los tres magistrados se han visto de alguna manera afectados por dicho impuesto, por lo que el debate deberá congelarse hasta encontrar solución al percance legal.
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Por otro lado, la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal) pidió formalmente a la Corte declarar inexequible el impuesto solidario.
El presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, aseguró que el decreto presidencial de recorte de salario de los altos funcionarios era inconstitucional e inequitativo.
“En el ejercicio tributario anual, la cantidad que entregan los servidores públicos es relevante. Además, todos los impuestos son solidarios porque los ciudadanos contribuyen para bien la Nación, solo que este se le pone la etiqueta de solidario para legitimar lo que es inequitativo”, reclamó Machado.
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Según el presidente de la asociación, el impuesto también es desigual “porque solo se afecta a los servidores públicos pero, en el fondo, es una rebaja de los salarios vedada, no es proporcional y no hay claridad en el destino concreto de los recursos”.
El impuesto se cobra mensualmente, desde el pasado 1 de mayo y hasta este 31 de julio y tendrá una tarifa sobre los salarios de los funcionarios de entre el 15% y el 20%.
Los servidores con salarios entre COP 10 millones y COP 12,5 millones pagarán un impuesto del 15%; entre COP 12,5 millones y COP 15 millones pagarán un 16%; entre COP 15 millones y COP 20 millones pagarán un 17%, y los que devenguen más de COP 20 millones serán gravados con un 20%.
“Los pensionados con mesadas pensionales de las megapensiones de 10 millones de pesos ($10.000.000) o más también son sujetos pasivos del impuesto solidario por el COVID-19”, destaca el decreto.
La medida detalla que las personas que presten sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus, incluidos quienes realicen vigilancia epidemiológica y están expuestos a riesgos de contagio, así como los integrantes de la fuerza pública, no tienen que pagar el impuesto.
