Foto: Archivo
El periodista Ariel Ávila, a través de sus redes y tambien de la página web de la Fundación Paz y Reconciliación, expuso un presunto caso de corrupción dentro del manejo del Gobierno en cuanto al plan de vacunación y los fondos destinados para tratar la emergencia sanitaria.
Dentro de la investigación se muestran archivos y se mencionan puntos claves que se han puesto sobre la mesa para entender el porqué de la denuncia.
La trasparencia en cuanto al plan de vacunación, los sobrecostos en unos kits de alimentación entregados el año pasado, la creación de decretos, la creación de fondos con funciones duplicadas, modificación de manuales de contratación y por último, el polémico acuerdo de confidencialidad que tantas dudas a causado en el pueblo colombiano.
“Si bien en 2020 hubo alertas sobre la hipertrofia del Gobierno en la emisión de decretos con fuerza de ley, y a pesar de que la Corte Constitucional realizó controles sobre la exequibilidad sobre estos, la realidad es que hoy este entramado ha puesto en riesgo la estabilidad institucional del país”
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Se habla de dos decretos fundamentales para entender los destinos del dinero que se están guiando para atender la emergencia sanitaria en Colombia, en primer lugar, desde el decreto 444 de marzo del 2020, se creó el Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), el cual pretende atender la crisis que ha generado la emergencia sanitaria, por otra parte, “en menos de un mes” -según el informe citado-, se sacó el decreto 559 de abril del 2020, el cual creó un Subcuenta para la mitigación de la emergencia, el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (FNGRD), adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Sin embargo ambos decretos tienen un símil y es la “norma de derecho privado”
“Incluso, el manual de contratación de la Subcuenta Covid-19, emitido por la UNGRD por medio de la resolución 0296 de mayo de 2020, estableció que el marco legal y régimen aplicable debía someterse a las normas de derecho privado”
Argumento por el cual, en este nuevo año se presenta la polémica por la falta de información a cerca de los contratos de vacunación, de los que no se sabe gracias a este “acuerdo de confidencialidad” que menciona en repetidas ocasiones el Ministro deSalud, Fernando Ruiz, gracias a ese “derecho privado” anteriormente mencionado.
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“Pares encontró que, desde mayo de 2020, el Gobierno Nacional decidió trasladar toda la responsabilidad de la contratación del Ministerio de Salud y de la asistencia humanitaria a la UNGRD, entidad encargada del FNGRD y la Subcuenta Covid-19”.
Lo que significa una responsabilidad repartida y donde, según el periodista Ávila, se empieza a presentar la “opacidad” (fatal de claridad o transparencia) dentro del Gobierno en cuanto a los manejos del plan de vacunación y de la emergencia como tal. El archivo menciona que el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres -en la cual está adscrita la subcuenta (FNGRD)- se reparten respectivamente la responsabilidad de la creación de los contratos (MinSalud) y la convocatorio y ejecución de los mismos (UNGRD).
El texto de investigación afirma que de una manera ‘artificiosa’ el Ministerio de Salud pasa responsabilidades del manejo de esta emergencia a la UNGRD, que es un ente privado, y que dentro de las cláusulas al momento de hacer este “traspaso” de este acuerdo, se pide a la UNGRD confidencialidad.
“En el cual se obligan ambas entidades a “no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación reservada toda la información referente a la ejecución del presente convenio”, afirma el texto.
Por último la Fundación Pares, afirma que seguirá investigando sobre este caso que según el periodista Ávila se va agravando cada vez que se investiga más.
