A un año de terminar su mandato, el presidente Iván Duque, todavía enfrenta diferentes desafíos. Para abordarlos, ha propuesto recientemente presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria al Congreso de la República después de ordenar retirar el anterior luego de que generara una oleada de protestas en contra.
El nuevo proyecto tributario fue bautizado como Proyecto de Inversión Social, que, según Duque, logrará “primero, atender a los más vulnerables, segundo, crecer económicamente para generar más y mejores empleos y, tercero, hacerlo con responsabilidad fiscal, sin tocar a los sectores más vulnerables ni a la clase media”.
Con esta nueva reforma se busca recaudar COP 15 billones que se usarán en parte para financiar los proyectos de subsidios: “Continuar con Ingreso Solidario, una renta básica de emergencia, hasta diciembre del año 2022. Crear nuevos empleos para los jóvenes, subsidiando el equivalente al 25% de un salario mínimo por cada trabajo nuevo creado, para personas entre los 18 y 28 años”.
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La nueva reforma se presenta después de que el Congreso retirara un proyecto por orden del presidente, luego de que fuera rechazado por millones de colombianos que salieron a las calles a protestar entre abril y junio.
La economista Jenny Paola Danna-Buitrago, doctora en ciencias económicas de la Université de Grenoble y directora de investigaciones Fundación Universitaria Los Libertadores, aclara que el rechazo a la antigua propuesta de reforma fue solo “la gota que derramó el vaso”, pues que hizo que los colombianos retomaran el paro nacional que había empezado en noviembre de 2019.
“Tampoco se puede atribuir a esa reforma tributaria que fue propuesta toda la responsabilidad de los eventos que recientemente vivimos en Colombia, porque todo esto surge de lo que ha pasado años atrás en nuestro país: décadas de pobreza, de corrupción, de conflicto armado, de desigualdades… Entonces esta reforma rechazada fue como el detonante”, explicó en entrevista
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De acuerdo con la economista, que es también fundadora y miembro de la Organización para las Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo (OWSD) en Colombia y miembro de la junta directiva de la Asociación Colombo-Francesa de Cooperación Científica Colifri, uno de los principales problemas de la propuesta de reforma anterior es que, aunque apuntaba a una reducción de la pobreza, esta presentaba varias reformas para mejorar la sostenibilidad en las finanzas del Gobierno en detrimento de una parte de la población.
Danna-Buitrago aseguró que no fue el momento adecuado para anunciar una reforma como la que se planteó, teniendo en cuenta la crisis generada por la pandemia. Medidas como un aumento del IVA para diferentes bienes y servicios ampliamente usados por los colombianos, la ampliación de la base gravable del impuesto de renta y la facultad que se otorgaría a ciertas ciudades de instalar peajes dentro de su jurisdicción, o de modificar el impuesto vehicular según un factor de contaminación, entre otras, afectarían en su mayoría a las personas de clase media, que son las que componen en gran parte a la población colombiana.
Y aunque las medidas propuestas, según Danna-Buitrago, no son necesariamente malas para la sostenibilidad de las finanzas públicas e incluso a nivel ambiental (con respecto a los peajes vehiculares), sí se plantearon en un momento de pandemia y crisis económica, lo que alimentó ese sentimiento de frustración de la clase media colombiana; sentimiento igualmente compartido por parte de la población más vulnerable que no creyó necesariamente en la efectividad de las medidas propuestas de tipo “Ingreso Solidario”. Y a esto se le suma la incertidumbre porque no se sabe con certeza cómo va a evolucionar la situación sanitaria y las medidas adicionales para evitar la propagación del virus.
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“Es necesario que el Gobierno tenga un gasto público para cumplir con su misión de justicia social y que saque ese dinero de los impuestos y posiblemente de los préstamos. Sin embargo, aumentar los impuestos en un contexto de crisis fue poco pertinente porque muchos habían, por ejemplo, perdido su empleo, tenido que cerrar su empresa y llorado sus muertos, y de repente el Gobierno dice que: ‘vas a empezar a pagar más, por el internet de tu hijo para que pueda asistir a sus clases virtuales’”, expuso la experta.
Por el contrario, al comparar los aspectos de la nueva reforma propuesta, la economista sugiere que, de cierta manera, es más legitima en el sentido en que se renuncia a la modificación del IVA, busca recaudar impuestos mediante la lucha contra la evasión fiscal y se pide un esfuerzo fiscal más importante a las empresas, además de dar paso a un ingreso solidario mayor para la población más vulnerable. No obstante, la reforma actual no hace una diferenciación entre las grandes empresas y las medianas y pequeñas, siendo estas más vulnerables a un aumento de los impuestos.
El Proyecto de Inversión Social “tiene el potencial para favorecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y por lo tanto se beneficia la estabilidad macroeconómica del país que, en teoría, beneficia a la producción de los diferentes sectores y debería impactar la distribución de los ingresos en la población”, manifestó. Anadolu
