La llegada a la escena económica cubana de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representa un avance hacia un modelo mixto, aun cuando la gestión estatal seguirá predominando en un escenario lleno de limitaciones, según expertos.
Hasta el momento 102 mipymes han recibido la luz verde, en su mayoría en el sector privado y en actividades como producciones manufactureras y de alimentos, tras la reciente aprobación de 67 nuevas que se suman a las primeras 35 autorizadas en septiembre por el Ministerio de Economía y Planificación.
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CONTRIBUCIÓN CON LÍMITES
El profesor asociado del Departamento de Economía de la colombiana Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Pavel Vidal, explicó a Efe que las mipymes dan inicio al modelo de economía mixta, al menos en términos de empleo y número de compañías.
“Son fuente de innovación, le añaden flexibilidad al tejido empresarial y contribuyen a la competitividad de las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras”, añadió Vidal.
Sin embargo, quedarán muy lejos de tener una participación destacada en el Producto Interior Bruto por las restricciones a la acumulación: “Nadie puede estar en más de una pyme o ser socio de más de una cooperativa, y hay un límite máximo de 100 empleados”.
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El economista cubano Omar Everleny, por su parte, considera también que el importante aporte de estas empresas dependerá del cumplimiento de las normas jurídicas que no permiten la concentración de riqueza.
Las mipymes cubanas pueden integrarse por uno o más socios, se constituyen como sociedades mercantiles y se clasifican según el número de personas ocupadas como: microempresa, de 1 a 10 trabajadores; pequeña empresa, de 11 a 35, y mediana empresa, de 36 a 100.
Pueden ejercer en el sector estatal, privado y mixto, pero sin acceso a esferas estratégicas para el Estado como la salud, las telecomunicaciones, energía, defensa o prensa.
Tampoco podrán crearse en algunas de las actividades actualmente permitidas para los autónomos (trabajador por cuenta propia) como programador de equipos de cómputo, tenedor de libros, traductores e intérpretes, según el decreto-ley 46. Reuters
