Según informe presentado por la ONU, se produjeron 98 masacres en 2023, revelando un descenso del asesinato de líderes sociales.
Las masacres aumentaron en el país por cuarto año consecutivo en 2023, cuando se produjeron 98, según el informe anual presentado por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que también reveló un descenso del asesinato de líderes sociales, ya que el pasado año hubo 105 homicidios.
La Oficina de la ONU recibió el pasado año 123 denuncias de masacres, de las que pudo verificar 98 (seis más que en 2022) con 320 víctimas, perpetradas casi en su totalidad por grupos armados ilegales.
“Se observa un incremento de 6,5 % respecto de las masacres verificadas de 2022”, afirmó la representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, durante la presentación del informe.
Asesinato de líderes:
El organismo igualmente recibió 233 denuncias de asesinatos de líderes sociales, de los que verificó 105, una reducción frente a los 116 confirmados en 2022.
“Aunque en relación con el 2022 se registró una disminución del 9,5 % en homicidios de personas defensoras verificados, la violencia contra ellas siguió siendo absolutamente intolerable. Sigue siendo la cifra más alta del mundo”, alegó De Rivero.
Es una cifra bastante inferior a la reportada por la Defensoría del Pueblo -el único organismo estatal que da cifras claras sobre este tipo de violencia- y que para 2023 reportó el asesinato de 181 defensores (un 16 % menos que en 2022) y a las de la ONG Indepaz, que contabilizó 188 asesinatos el pasado año.
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De los casos verificados por la oficina de la ONU, 14 eran mujeres, 87 hombres, una persona no binaria, dos hombres gays y una mujer transexual. El departamento de Cauca se postula nuevamente como el que mayor nivel de violencia contra los defensores se ejerce.
También la Oficina ha recibido denuncias de 763 casos de amenazas y el patrón más identificado es el de asesinatos de personas “cuando alzan su voz o se convierten en un obstáculo ante las dinámicas de control social que ejercen los actores armados no estatales en los territorios”.
Se expande la violencia:
“De nuestro balance de la situación en el 2023, preocupa que a pesar de existir una disminución en algunos indicadores de violencia, continúa la expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales con graves consecuencias para los derechos humanos”, lamentó la representante de la ONU.
A través del Índice de Impacto de la Violencia de esta Oficina, se ha comprobado que hay 206 municipios en 28 de los 32 departamentos del país donde la violencia afecta a la población. En 2021 la violencia se extendía a 156 municipios y en 2022, a 180.
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Por eso, a pesar de las iniciativas del Gobierno colombiano, celebradas por la ONU, de negociar con grupos armados y de enfocarse en la “seguridad humana” de las poblaciones, la realidad sigue siendo desoladora.
“La consolidación del poder de los grupos en algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad en Colombia y para la protección de los derechos humanos de la población”, explicó De Rivero.
Y continuó: “El actuar de los grupos armados y el que no se haya podido frenar su consolidación ponen gravemente en riesgo la pervivencia física y cultural de varios pueblos y procesos organizativos históricos del país”.
EFE
