Entre enero y diciembre de 2023 se registraron 2.046 manifestaciones sociales, lo que supone un aumento de un 43 % con respecto a 2022.
La Defensoría del Pueblo aseguró que entre enero y diciembre de 2023 se registraron 2.046 manifestaciones de conflictividad social, entre las que están incluidas protestas, bloqueos o asonadas, lo que supone un aumento de un 43 % con respecto a 2022.
En el informe anual elaborado por el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría, se evidencia que hubo un aumento considerable de los eventos de protestas, disturbios y asonadas ocurridos antes, durante y después del proceso electoral.
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Las manifestaciones que más se repitieron fueron en un 38 % bloqueos de vías, un 33 % fueron plantones, un 11 % fueron marchas, un 6 % disturbios, un 5 % paros o ceses de actividades y un 3 % fueron tomas de instalaciones.
Los conflictos sociales tuvieron lugar en 446 municipios de 31 departamentos, siendo Bogotá la ciudad que más concentró, con el 13 % de ellos.
Los diez departamentos que registraron mayor número de manifestaciones fueron: Bolívar con el 7 %; Antioquia, Santander y Magdalena con un 6 % cada uno; Atlántico, La Guajira y Valle del Cauca, con un 5 %, y Córdoba, Norte de Santander y Tolima con el 4 % cada uno.
Crear espacios de diálogo:
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, declaró que es necesaria la creación de espacios de diálogo con las comunidades que presentan más insatisfacción e inseguridad: “Debe hacérsele un seguimiento riguroso y oportuno al cumplimiento de los acuerdos alcanzados y adelantar procesos de fortalecimiento institucional con los mandatarios locales”.
En 2023, se promovieron 244 espacios de diálogo entre las comunidades y las defensorías regionales, lo que supone un aumento del 69 % con respecto a los datos de 2022 que registraron 144 mesas.
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El organismo aseguró que esta labor de mediación contribuyó a prevenir el escalamiento violento de la conflictividad social y ayudó a impulsar la transformación pacífica de los conflictos en los territorios.
“Las instituciones gubernamentales y los sectores empresariales deben propender por el fortalecimiento del diálogo genuino y constructivo para atender la creciente conflictividad social en el país”, añadió Camargo.
EFE
