Las personas con capacidad de gestar podrán acceder de forma libre y gratuita a una Interrupción Voluntaria del Embarazo, en cualquier entidad de salud a la que acudan.
La Superintendencia de Salud emitió una resolución en la que reglamenta el acceso “sin obstáculos” al que tienen derecho las mujeres para interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 24, informó la entidad.
“Es importante avanzar en circulares como esta, que nos permitan garantizar el derecho fundamental de la salud a todas las personas y acompañar los procesos que tienen que generar transformación a nivel social para que estos derechos realmente logren ser efectivos”, dijo el Superintendente Nacional de Salud, Luis Leal, citado en un comunicado de su despacho.
De acuerdo con la resolución, las personas con capacidad de gestar -mujeres (niñas, adolescentes y adultas), incluidos hombres trans y personas no binarias durante cualquier etapa de su ciclo vital- podrán acceder de forma libre y gratuita a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en cualquier entidad de salud a la que acudan.
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El documento aclara que en caso de que las entidades de salud no cuenten con los mecanismos para practicar el procedimiento, deberán redirigir la solicitud hasta otra institución en donde sí tengan los elementos necesarios.
“De ninguna manera se podrá dilatar la realización del procedimiento de IVE, por ser esencial y urgente, siempre se deberá llevar a cabo de forma inmediata”, explicó Leal.
En total son trece instrucciones específicas, entre las cuales están: prestar el servicio integral a las mujeres y personas gestantes que soliciten la interrupción, abstenerse de generar obstáculos o exigir requisitos adicionales.
La Superintendencia de Salud había detectado reiteradamente situaciones que vulneran el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes en relación con la IVE.
De una muestra de 22.150 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) registradas entre 2017 y abril de 2024, el 63 % reflejó restricciones en el acceso a los servicios de IVE, incluyendo negaciones y dilaciones injustificadas.
Igualmente, identificó trabas para el acceso a tecnologías y servicios complementarios, deficiencias en la atención en salud, y una inadecuada disponibilidad o manejo de recursos humanos y físicos.
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Por su lado Laura Castro, representante de la organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, insistió en que actores del sistema de salud debe acoger las instrucciones de la circular en aras de la efectiva implementación de la sentencia de la Corte “pero también en aras de avanzar hacia la despenalización social del aborto en nuestro país”.
En 2022 la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 que luego reglamentó el Ministerio de Salud en 2023 a través de varias resoluciones, pese a lo cual seguían las barreras para acceder al IVE e incluso a los medicamentos.
EFE
