En las últimas horas fue capturada Hilda Jeaneth Niño Farfán, Fiscal 2 Delegada ante el Tribunal de Distrito, adscrita a la Dirección Nacional de Justicia Transicional.
La funcionaria coordinó el proceso de sometimiento a la Ley 975 de 2005 de los postulados por el Gobierno Nacional del extinto Bloque Vencedores de Arauca, que se acogieron a dichos beneficios y, además, se desempeñó como Directora de la Escuela de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación.
En el mismo operativo también fueron aprehendidos Iván Darío González Cañón, asistente de fiscal adscrito al Despacho de la fiscal Niño; el abogado Juan Carlos Restrepo Bedoya; y Milena Isabel Paz García, esposa de un postulado a los beneficios jurídicos de la Ley 975 de 2005.
La investigación adelantada en el curso de los últimos meses permitió recaudar evidencia que demostraría que la funcionaria judicial, al parecer, realizaba actos de manera ilegal encaminados a beneficiar la situación jurídica de postulados en el proceso de Justicia y Paz, y para esto habría entrado en connivencia delictiva con los otros capturados.
Dentro de los elementos materiales probatorios y evidencia física recolectada se ha establecido la existencia de una casa ubicada en Estados Unidos, de propiedad de la fiscal Niño Farfán, que adquirió por USD$490.000, motivo por el cual se compulsó copias a la Dirección Nacional de Extinción de Dominio.
De los resultados de estos procedimientos realizados el día de hoy, ha estado permanentemente informado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ante la presunta comisión de delitos en esa jurisdicción, para los fines de los acuerdos de cooperación internacional judicial.
En el mismo operativo, la Fiscalía General de la Nación allanó, en la Cárcel La Picota, la celda donde está recluido Orlando Villa Zapata, postulado a la Ley de Justicia y Paz, en la búsqueda de elementos de comunicación e informáticos relacionados con esta investigación.
En las próximas horas la Fiscalía adelantará, ante el respectivo Juez de Control de Garantías, las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida privativa de la libertad. Los detenidos deberán responder por los delitos de cohecho propio, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público y peculado por apropiación y por uso.
Desde agosto pasado, cuando Néstor Humberto Martínez Neira asumió el cargo de Fiscal General, han sido judicializados 43 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, tras descubrir que están involucrados en procesos de corrupción.
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— CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) 11 de junio de 2017
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