La Congresista Guillermina Bravo Montaño, explicó que esta inciativa busca que se prohíba la práctica de la prueba de embarazo o certificación médica de ausencia de estado de gravidez, como requisito o pre-requisito para cualquier parte del proceso de selección, vinculación, promoción laboral, permanencia o renovación laboral para cualquier cargo o empleo, sea este de carácter público o privado.
Solo se podrá solicitar una prueba de embarazo como requisito laboral en el momento que se ingrese a un trabajo pero que sea catalogado por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo para la salud.
Las empresas o entidades que insistan en este requisito podrán ser multadas hasta con 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada caso comprobado.
“Con esto, se avanza en el país hacia la no discriminación contra las mujeres, se garantiza mayor igualdad en materia laboral y brinda especial atención a la mujer en lo que tiene que ver con la maternidad”, asegura la congresista.
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