La JEP condenó a siete integrantes del último secretariado de las Farc a penas alternativas de ocho años de “restricción efectiva de sus derechos” como “máximos responsables de la política criminal de secuestro”.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que la condena a penas restaurativas que impuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los últimos jefes de la guerrilla de las Farc por su política de secuestros tiene “desafíos importantes” porque falta claridad sobre cómo cumplirán las sanciones.
“La falta de claridad sobre cómo se compatibilizarán las sanciones con el ejercicio político genera dudas sobre su efectividad”, dijo Marín en una declaración.
La JEP condenó a siete integrantes del último secretariado (mando) de las Farc a penas alternativas de ocho años de “restricción efectiva de sus derechos” como “máximos responsables de la política criminal de secuestro” de esa guerrilla durante el conflicto armado colombiano, que incluyó crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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Sin embargo, víctimas de las Farc han manifestado su decepción con la sentencia, no solo porque consideran que las sanciones son blandas -búsqueda de personas desaparecidas, ayudar en el desminado, recuperación del medio ambiente y reparación simbólica- sino porque no es clara sobre la forma en que se ejecutarán.
“Se debe anotar que las víctimas han solicitado legítimamente que las antiguas Farc asuman a profundidad su responsabilidad por violencia sexual”, destacó Marín al señalar que “la sentencia reconoce 28 tipologías de daños causados a las víctimas en su dignidad humana, la vida comunitaria y los territorios del país”.
Marín subrayó que la pena a los exjefes de las Farc “no es carcelaria” sino “restaurativa”, lo que significa que deberán contribuir “a la reparación y la restauración de los daños causados a través de la búsqueda de personas desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, proyectos ambientales y desminado humanitario, lo que constituye un paso histórico en contra de la impunidad en un enfoque restaurativo”.
La funcionaria agregó que la sanción “debe generar una cierta aflicción que se traduce en las restricciones de movilidad dentro de ciertos espacios” que no quedaron definidos en la condena impuesta.
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“La supervisión de esta sanción está en cabeza de la JEP y de la Misión de Verificación de la ONU. Sin embargo, el desafío actual es conocer las condiciones prácticas, operativas en que se garantizarán estos requisitos”, indicó la defensora.
Estas primeras sentencias hacen parte del macrocaso 001, con el que la JEP ha investigado los secuestros cometidos por las Farc entre 1993 y 2016, un trabajo en el tiene una cifra provisional de 21.396 víctimas de secuestro, de las cuales 4.325 se han acreditado como tales ante el tribunal.
La JEP dictará una segunda sentencia contra doce exmilitares del Batallón de Artillería La Popa que reconocieron haber participado en asesinatos y desapariciones forzadas en el norte del país entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, periodo durante el cual fueron responsables de 135 asesinatos en 77 hechos delictivos, que además causaron otras 192 víctimas indirectas.
EFE
