“Este señor me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la República”, escribió Petro en su cuenta de X.
El presidente Gustavo Petro, aseguró que el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en Bolivia, quería asesinarlo durante su mandato y lo vinculó con el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cometido en 2022 en la isla de Barú.
“Este señor me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la República”, escribió Petro en su cuenta de X, al referirse a Marset, quien según información divulgada por autoridades bolivianas fue capturado este viernes en un operativo antidroga en la región de Santa Cruz.
El mandatario también afirmó que el presunto narcotraficante “era muy amigo de gentes de la Fiscalía de alto nivel” que, según él, habrían permitido que su nombre fuera borrado de los expedientes relacionados con el asesinato de Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 mientras el fiscal paraguayo se encontraba de luna de miel con su esposa embarazada en una playa de Barú, cercana a Cartagena.
Por ese hecho, la justicia colombiana condenó a siete personas señaladas como autores materiales del crimen.
El pasado 10 de mayo, el hermano del fiscal, Francisco Pecci, pidió a la comunidad internacional “hacer presión” para esclarecer el magnicidio del funcionario, al considerar que en Paraguay no han encontrado “justicia” para dar con los autores intelectuales del crimen.
Petro señaló que Marset es “miembro de la junta del narcotráfico en Dubái”, donde según él, viven varios narcotraficantes de los llamados “invisibles” por su bajo perfil para no llamar la atención.
El presidente agregó que socios de Marset son “los grandes capos de la cocaína en Europa y Medio Oriente”, además de señalar que tienen minas de esmeraldas en Colombia, un sector en el que muchos de sus controladores han tenido vínculos con organizaciones ilegales.
El uruguayo estaba prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo policial en Bolivia, y es requerido por las autoridades de Bolivia, Uruguay y Brasil, así como por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Europol e Interpol.
EFE
