La Fiscalía suspende órdenes de captura a 23 cabecillas de Medellín en una decisión que busca facilitar los diálogos de la política de ‘paz total’ impulsada por el Gobierno Nacional. La medida fue adoptada tras una solicitud del Ejecutivo y tendrá una vigencia inicial de seis meses.
Los beneficiados son señalados jefes de estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, varios de los cuales participan como voceros en los espacios de diálogo sociojurídico con el Gobierno. Según las autoridades, la suspensión de las órdenes permite avanzar en las conversaciones sin afectar la interlocución.
La decisión incluye a figuras reconocidas dentro del mundo criminal como alias ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Pesebre’ y ‘Lindolfo’, entre otros, quienes han tenido participación directa en los acercamientos con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
#ÚltimoMinuto | Se acaba de confirmar que la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura a 23 cabecillas criminales de Medellín, de los cuales 7 ya se encuentran en la calle en este momento.
— CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) March 31, 2026
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Fiscalía suspende órdenes de captura a cabecillas en Medellín
De acuerdo con la resolución, en total son 23 los cabecillas cobijados por la medida, quienes hacen parte de organizaciones ilegales con presencia en distintos sectores del área metropolitana. Algunos de ellos permanecen privados de la libertad, mientras que otros se encuentran en libertad o con procesos judiciales activos.
Entre los nombres incluidos figuran alias ‘Alber’, ‘Mundo Malo’, ‘Yerbas’, ‘Mono Pepe’, ‘El Indio’, ‘Grande Pa’ y ‘Naranjo’, además de otros líderes señalados de coordinar actividades delictivas en la región.
La Fiscalía indicó que la medida responde a la necesidad de garantizar condiciones para el avance de los diálogos, en línea con las solicitudes del Gobierno Nacional, que busca desescalar la violencia urbana en Medellín.
Contexto de la decisión en la paz total
La suspensión de las órdenes de captura se enmarca en la estrategia de ‘paz total’, con la que el Gobierno busca negociar con distintos actores armados, incluidos grupos urbanos. En Medellín, este proceso se desarrolla principalmente en la cárcel de Itagüí, donde varios cabecillas han actuado como voceros.
Las autoridades han señalado que estos espacios han permitido algunos avances, como la reducción de ciertos indicadores de violencia, aunque también han estado marcados por cuestionamientos sobre su alcance y resultados concretos.
Uno de los casos que ha llamado la atención es el de alias ‘Carlos Pesebre’, quien recientemente anunció su retiro como vocero del proceso, argumentando falta de garantías y claridad institucional en el desarrollo de los diálogos.
Reacciones y cuestionamientos
La decisión de la Fiscalía ha generado reacciones encontradas. Mientras el Gobierno la defiende como un paso necesario para consolidar los diálogos, sectores políticos y analistas han expresado preocupación por los posibles efectos en materia de seguridad y justicia.
Algunos críticos advierten que la suspensión de órdenes de captura podría interpretarse como una flexibilización frente a estructuras criminales, mientras que otros consideran que es una herramienta jurídica válida en procesos de negociación.
Por su parte, las autoridades han reiterado que la medida es temporal, está condicionada al avance de los diálogos y no implica la eliminación de los procesos judiciales en curso.
¿Qué sigue tras la suspensión de órdenes de captura?
En los próximos meses se evaluará el impacto de la medida en el desarrollo de las conversaciones entre el Gobierno y las estructuras criminales de Medellín. La continuidad de la suspensión dependerá de los resultados obtenidos en materia de reducción de la violencia y compromisos verificables.
El Ejecutivo espera que este tipo de decisiones contribuyan a consolidar acuerdos que permitan mejorar la seguridad en la ciudad, mientras que la Fiscalía mantendrá el seguimiento a los procesos judiciales de los implicados.
El avance de la ‘paz total’ en entornos urbanos seguirá siendo un tema clave en la agenda nacional, en medio del debate sobre los límites y alcances de las negociaciones con estructuras criminales.
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