La circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) e investigado en el caso UNGRD, fue anulada de forma unilateral por la organización policial internacional desde su sede en Lyon, Francia, según confirmaron fuentes oficiales.
La decisión fue notificada a las autoridades colombianas el 2 de abril de 2026 y se hizo pública días después, cuando fuentes de Interpol confirmaron la suspensión de la medida. La anulación dejó sin efecto la alerta que autorizaba a las fuerzas policiales de los 196 países miembros de la organización a localizar y retener al exfuncionario, quien permanece asilado en Managua bajo la protección del gobierno de Daniel Ortega.
Según la información disponible, la orden de captura internacional habría vencido durante los días de Semana Santa, lo que habría derivado en su suspensión automática por parte del organismo. González, considerado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los presuntos articuladores del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, no enfrentará por ahora riesgo de detención fuera de Nicaragua.
Fiscalía pidió reactivar la circular roja de Interpol
Ante la gravedad de la medida, la Fiscalía General de la Nación reaccionó de inmediato y solicitó a la oficina de Interpol en Colombia la reactivación de la circular roja. El ente acusador considera a González un actor central en la red que, según el expediente judicial, habría desviado recursos públicos para influir en el Congreso de la República mediante el pago de sobornos a sus entonces presidentes.
La Cancillería colombiana también reaccionó al conocerse la anulación. A través de un comunicado oficial, informó que impartió instrucciones a su Oficina de Control Disciplinario Interno para que abriera una investigación inmediata sobre los hechos relacionados con la suspensión de la orden internacional.
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El expediente en el caso UNGRD
El expediente judicial sostiene que Carlos Ramón González, en su condición de director del Dapre, coordinó en septiembre de 2023 una operación de sobornos en el Palacio de Nariño con Olmedo López, entonces director de la UNGRD. Según la acusación formal, González habría instruido a López para entregar contratos de la entidad por 60.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y por 10.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, con el fin de garantizar el trámite de proyectos del Gobierno Nacional.
En la audiencia de acusación celebrada el 29 de enero de 2026, González fue formalmente acusado por hechos de corrupción en la UNGRD. Los cargos en su contra incluyen cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. El exfuncionario ha negado de manera consistente cualquier responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.
Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios de la UNGRD y hoy privados de la libertad, suscribieron preacuerdos con la Fiscalía en los que aceptaron cargos y señalaron a González como determinador de los hechos. Sus testimonios constituyen parte del soporte probatorio central de la acusación.
El asilo político en Nicaragua como factor determinante
González salió de Colombia en noviembre de 2024 y llegó a Nicaragua, donde obtuvo residencia con el apoyo de Óscar Muñoz, encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en Managua. El trámite, gestionado en mayo de 2025 cuando el exfuncionario ya había sido imputado, generó una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación contra la Cancillería colombiana.
El asilo político otorgado por el gobierno de Ortega en agosto de 2025 introdujo un elemento de complejidad en el análisis de Interpol, organización que, conforme a sus estatutos, no puede tramitar circulares rojas con fines políticos ni en contra de personas que cuenten con protección internacional reconocida. Colombia intentó por la vía diplomática la extradición del exfuncionario, solicitud que Nicaragua rechazó amparándose en la condición de asilado de González.
La Corte Suprema de Justicia ratificó en su momento la orden de captura internacional emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, reforzando la posición judicial colombiana frente al caso. Sin embargo, los obstáculos diplomáticos y la decisión más reciente de Interpol han dificultado de manera significativa el avance procesal.
Qué sigue en el caso González y la UNGRD
La Fiscalía colombiana deberá gestionar ante la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon, la reactivación de la circular roja González UNGRD. El proceso implica renovar la solicitud formal con la documentación judicial vigente, incluyendo la acusación formalizada en enero de 2026. Las autoridades también deberán resolver el impasse diplomático con Nicaragua, país que hasta ahora ha mantenido su posición de protección sobre el exfuncionario. La fecha de reactivación de la alerta internacional permanece sin definir.
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