Familiares de víctimas de falsos positivos en Colombia comparecieron el 14 de abril ante la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina para pedir que se mantenga abierta la querella contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008.
Querella por falsos positivos llega a la Cámara de Apelaciones argentina
La audiencia se convocó tras la apelación presentada por la parte querellante contra la decisión del Juzgado Segundo Federal de Buenos Aires, que en octubre de 2025 ordenó archivar el expediente después de casi dos años de estudio preliminar. La apelación fue elevada a la Cámara, que ahora debe determinar si la investigación avanza bajo el principio de jurisdicción universal o si se confirma el cierre definitivo del caso.
La querella fue radicada en noviembre de 2023 por once familias —cuatro de víctimas identificadas y siete sin identificar— junto con tres organizaciones colombianas de derechos humanos: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Jurídica Libertad y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR). Su objetivo es que los tribunales federales argentinos investiguen la presunta responsabilidad del exmandatario en miles de ejecuciones extrajudiciales.
En la diligencia del 14 de abril, por primera vez las víctimas intervinieron directamente ante los jueces. Osmaira Nieves Oñate, integrante de la comunidad indígena Wiwa de la Sierra de Santa Marta, relató cómo el Ejército colombiano asesinó a su hermano Luis Eduardo en 2004 y lo presentó como baja en combate. También declararon Andrey Betancur y Bertina Badillo, cuyos testimonios coincidieron en señalar un patrón sistemático: civiles asesinados por agentes del Estado y reportados falsamente como guerrilleros muertos en operaciones militares.
El argumento central: Colombia no investiga a expresidentes por falsos positivos
El abogado argentino Máximo Castex, representante de las querellantes, sostuvo ante los magistrados que es imposible investigar penalmente al expresidente Uribe en Colombia. Argumentó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) carece de competencia legal para juzgar a exjefes de Estado, mientras que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al ser un organismo de carácter político y no judicial, no garantiza un proceso ajustado a estándares internacionales ni ha mostrado avances sustanciales.
El jurista internacional Bénédict De Moerloose, asesor de las familias querellantes, también hace parte del equipo legal que impulsa la continuidad del expediente. Ambos abogados insisten en que la apertura formal de una investigación en Argentina constituiría un avance clave frente a la impunidad en crímenes de lesa humanidad cuando el sistema judicial de origen no ofrece respuestas efectivas.
La Cámara de Apelaciones argentina ya ha tramitado causas similares bajo jurisdicción universal. El país sudamericano tiene antecedentes en la investigación de crímenes del franquismo español, de la represión en Venezuela y en Nicaragua, lo que sitúa este caso dentro de una tradición jurídica consolidada en materia de derechos humanos internacionales.
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6.402 víctimas documentadas y la búsqueda de justicia internacional
La JEP ha documentado 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008, período que corresponde en su mayoría al gobierno de Uribe. Los querellantes señalan que ningún responsable político de alto nivel ha sido llevado ante la justicia por estos hechos, a pesar de los procesos que han avanzado en la justicia transicional colombiana contra miembros de las Fuerzas Militares.
En agosto de 2025, las organizaciones querellantes enviaron un documento al juzgado argumentando que el caso cumple con el criterio de subsidiariedad que exige la justicia argentina para asumir este tipo de procesos. Solicitaron, además, que se tomaran declaraciones formales a las víctimas, solicitud que se materializó parcialmente en la audiencia del 14 de abril, cuando los familiares pudieron intervenir directamente ante los magistrados por primera vez en los más de dos años y medio que lleva la causa.
Qué sigue en el caso Uribe por falsos positivos en Argentina
La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires deberá emitir su resolución tras la audiencia del 14 de abril. De esa decisión dependerá si la querella contra Uribe continúa su trámite en los tribunales federales argentinos o si el archivo ordenado en octubre de 2025 queda en firme, cerrando de manera definitiva esta vía de justicia internacional para las familias de las víctimas. Los representantes legales y las organizaciones de derechos humanos esperan que el fallo reconozca la aplicación del principio de jurisdicción universal, mecanismo que en casos anteriores ha permitido reabrir investigaciones inicialmente archivadas en distintos países del mundo.
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