La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó el 28 de abril de 2026 que los falsos positivos en Colombia no suman 6.402 sino 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, un incremento del 22 % frente al registro anterior, luego de ampliar el periodo de revisión de casos desde 1990 hasta 2016.
La actualización fue anunciada por el magistrado Pedro Elías Díaz Romero, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, durante la audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad de 10 exmilitares en Apartadó, Antioquia, por la masacre de La Resbalosa, perpetrada el 21 de febrero de 2005, en la que fueron asesinados cuatro menores de edad y cuatro adultos.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, explicó en rueda de prensa la razón del incremento: “Cuando nosotros aludimos a esa cifra inicial, tomamos un periodo 2002-2008. Pero el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) amplió el periodo de 1990 a 2016. Entonces, lo primero es que ya no somos 2002-2008, sino que se amplió desde el año 1990 y llegó hasta 2016”.
Ramelli detalló que la nueva cifra resulta del cruce de al menos cinco fuentes de información: los informes de organizaciones de víctimas recibidos desde 2018, los datos propios del macrocaso 03, las bases de datos de la Fiscalía, de la Procuraduría General y del Centro Nacional de Memoria Histórica, además de cerca de 1.000 informes adicionales de víctimas que no fueron considerados en la versión inicial.
El magistrado insistió en que la cifra de 7.837 es provisional. “Todavía faltan los datos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que viene realizando audiencias territoriales con no máximos responsables, que también están confesando casos de ejecuciones y desapariciones que nunca han sido investigadas”, sostuvo Ramelli, lo que hace probable que el número continúe aumentando.
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Falsos positivos: cuatro modalidades y 1.932 víctimas en Antioquia
La JEP identificó cuatro modalidades principales en los crímenes documentados dentro del macrocaso 03: asesinatos de civiles señalados sin pruebas, engaños mediante falsas ofertas laborales, homicidios de combatientes fuera de combate y ejecuciones oportunistas para inflar resultados operacionales del Ejército. En el subcaso de Antioquia, el tribunal documentó 589 víctimas, de las cuales 228 fueron desaparecidas forzadamente, 41 torturadas y 99 continúan sin ser halladas.
El magistrado Díaz precisó que solo en Antioquia se registraron aproximadamente 1.932 víctimas de muertes ilegítimas presuntamente atribuibles a las Fuerzas Armadas dentro del periodo revisado. Las víctimas eran en su mayoría jóvenes pobres o personas con discapacidad captadas con falsas promesas de empleo y trasladadas a otras regiones del país, donde eran ejecutadas y presentadas como guerrilleros dados de baja en combate.
Falsos positivos: posibles testimonios de Uribe y Santos ante la JEP
En el marco de la rueda de prensa, el magistrado Ramelli señaló que no se descarta que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos puedan rendir una declaración voluntaria ante la JEP en el expediente del macrocaso 03. El tribunal también convocó a varios comandantes de división del Ejército de la época; entre ellos, el general Reinaldo Castellanos, quien se ausentó por razones de salud, y el general Mario Montoya, cuya declaración voluntaria finaliza a comienzos de junio de 2026.
La actualización de la cifra generó la reacción inmediata del presidente Gustavo Petro, quien calificó los hechos en su cuenta de X como “el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo”. El mandatario también señaló en una segunda publicación que las 7.837 víctimas corresponden al periodo del gobierno de la “mal llamada seguridad democrática”.
Qué sigue en la investigación de los falsos positivos
La cifra de falsos positivos seguirá siendo dinámica a medida que avanzan las audiencias territoriales de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y nuevos comparecientes reconocen su responsabilidad. En septiembre de 2025, la JEP emitió la primera sentencia contra militares por estos crímenes —12 soldados del Batallón La Popa, en Cesar—, quienes recibieron la pena máxima del tribunal: ocho años de restricción de libertad. El proceso judicial continuará con la convocatoria a comandantes de mayor rango, en tanto el número de víctimas documentadas se aproxima a las 8.000.
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