La Procuraduría General de la Nación dentro del proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral por la financiación de la campaña presidencial de 2014, pide celeridad en la investigación y conceptúa que para evitar que el caso quede sin esclarecerse, la corporación tendría que aplicar la fecha para contar la caducidad y determinar si procede la formulación de cargos, a partir de dos escenarios que se deducen del ordenamiento jurídico.
Según el Ministerio Público, en el proceso que se adelanta contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga, existe un primer momento para contar los 3 años de la caducidad que tiene el CNE para investigar los hechos denunciados, los que deberían empezar a contabilizarse a “partir de la última fecha de presentación de las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Fondo Nacional de Financiación Política sobre las observaciones al informe de ingresos y gastos de campaña”.
Un segundo escenario, según el Agente Especial, para hablar de caducidad, sería a “partir del día en que se efectúe el ingreso o gasto con destino o con ocasión de la campaña, cuando este se realice con posterioridad a la rendición del informe”.
Sobre la prohibición de recibir financiación por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras, la Procuraduría pide que con base en las pruebas recaudadas, así como en las aportadas por la Fiscalía, el CNE establezca el momento en que la violación al ordenamiento legal pudo ocurrir.
La Procuraduría mantendrá su acompañamiento en este proceso en defensa del orden jurídico y para garantizar que se respeten los derechos fundamentales.
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