Al menos 547 niños de la escuela del coro de la catedral de Ratisbona (sur de Alemania) fueron golpeados y maltratados por maestros o sacerdotes entre 1953 y 1992, de los cuales 67 sufrieron abusos sexuales, según el informe difundido y encargado por el obispado para aclarar lo sucedido.
El abogado Ulrich Weber, autor de la investigación, presentó las conclusiones de su trabajo, en el que se constata que los responsables de la escuela debieron tener al menos “conocimientos superficiales” de lo que estaba ocurriendo, entre ellos también Georg Ratzinger, hermano del papa emérito Benedicto XVI.
Ratzinger, de 93 años, fue director musical del coro entre 1964 y 1994 y cuando salieron a la luz pública los primeros indicios del escándalo, en 2010, hablando entonces de unos cincuenta casos de abusos, calificó esas informaciones de “locura”.
Weber considera que el hermano del papa emérito tuvo conocimiento al menos de los castigos físicos que se infligían en la institución, aunque probablemente no de los casos de abusos sexuales.
Ni él ni el resto de sacerdotes tomaron medidas, al imperar lo que el autor del informe denomina una “cultura del silencio”, lo que ha dificultado la investigación ahora de esos casos.
En el estudio se recogen casos que van de caricias y tocamientos a violaciones, así como castigos físicos tales como palizas, bastonazos y golpes con todo tipo de objetos, fueran llaveros o gruesos anillos.
Asimismo se podía obligar a los niños a comer, cuando no querían, o se les negaba todo alimento, a modo de castigo.
Weber ha identificado en su informe a 49 personas que “con alta probabilidad” incurrieron en esas prácticas, de las cuales nueve perpetraron las agresiones sexuales.
En el centro se respiraba un ambiente “infernal”, relata el autor del informe, según el cual algunas de esas víctimas describían su situación en el lugar como similar a un “campo de concentración”.
Como responsable de esa situación señala Weber, por razones de jerarquía, al entonces obispo de Ratisbona, Gerhard Ludwig, quien no abordó con la responsabilidad debida la tarea de esclarecer lo que ocurría ahí.
Las etapas más álgidas fueron las décadas de los 60 y 70, mientras que a partir de 1992 empezaron a abordarse las primeras denuncias de víctimas.
El obispado reaccionó ante ello con el pago de los que denominó “reconocimiento de servicios”, por los que cada afectado percibió entre 5.000 y 20.000 euros y tras lo cual se daba por zanjado el asunto.
El representante del colectivo de víctimas, Peter Schmitt, elogió el trabajo de Weber, por considerar que ha contribuido enormemente a sacar a la luz esos casos, aunque advirtió que sigue habiendo una “cifra oscura” de víctimas anónimas que no se han atrevido aún a relatar la experiencia vivida.
