Polémica ha causado el proyecto de ley radicado por la congresista del Partido Liberal, Clara Rojas propone para según ella, abolir la prostitución en el país.
La Representante a la Cámara, propuso que quienes paguen por servicios sexuales a personas en situación de prostitución sean sancionados con multas progresivas hasta de 23 millones de pesos.
La congresista del Partido Liberal explicó que el proyecto busca desestimular esta práctica “teniendo en cuenta que, muchas personas que se encuentran en situación de prostitución han sido víctimas de la violencia explotadas sexualmente”.
“Entre el 60 y el 70% de las personas que ejercen la prostitución son personas de estratos 1-3, migrantes y desplazadas por la acción de grupos armados al margen de la ley. Estas cifras fueron dadas a conocer en una Audiencia Pública que realizamos en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes”, rescata Rojas.
La senadora, explicó que “después de la entrada en vigencia de la ley, cada dos años se irá aumentando el número de salarios mínimos con los que se penalizará a quienes paguen por servicios sexuales. De manera que lo que se busca es crear en el imaginario colectivo, de manera progresiva, una cultura que desincentive esta práctica”.
El Artículo 5º del proyecto prevé las siguientes sanciones pecuniarias:
Multa Tipo 1: 4 SMDLV los dos primeros años a partir de la vigencia de la presente ley.
Multa Tipo 2: 8 SMDLV. Del tercer al quinto año a partir de la vigencia de la presente ley.
Multa Tipo 3: 16 SMDLV. Del sexto al octavo año a partir de la vigencia de la presente ley.
Multa Tipo 4: 32 SMDLV. Del Noveno año en adelante a partir de la vigencia de la presente ley.
Asimismo propone que el dinero recaudado de las multas impuestas tendrían como destino programas y planes dirigidos a esta población, como por ejemplo:
1. Apertura de cupos en residencias de albergue a víctimas de prostitución, trata de personas, proxenetismo.
2. Apertura de centros de reinserción social que promuevan la educación que permitan generar alternativas laborales para las víctimas de prostitución, trata de personas, proxenetismo en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
3. Generar mecanismos de protección y garantías para la reinserción social de las víctimas de prostitución, trata de personas, proxenetismo.
4. Coordinar e implementar políticas públicas de carácter nacional para la reducción de riesgos sanitarios, sociales y psicológicos de la población en situación de prostitución.
Por su parte el gremio de trabajadoras sexuales rechazaron la propuesta que calificaron como “un resentimiento y una búsqueda de fondos para campañas políticas”.
#OPINECN: ¿Está de acuerdo con que multen a quienes paguen por servicios sexuales? https://t.co/K9CmK2L4le
— CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) 8 de agosto de 2017
