El exgobernador del departamento de Córdoba Alejandro Lyons logró un preacuerdo con la Fiscalía que le permite obtener beneficios en sus procesos a cambio de testificar en casos de corrupción de la justicia.
Así lo aseguró en rueda de prensa la vicefiscal, María Paulina Riveros, quien señaló que Lyons deberá devolver como mínimo 5.000 millones de pesos (unos 1,6 millones de dólares), bienes adquiridos con dineros ilegales e ir a la cárcel en Colombia.
“Hace algunas semanas iniciamos un proceso de acercamiento con fines de colaboración con la justicia con (Alejandro) Lyons. Hoy puedo decirle al país que hemos avanzado en dicho proceso y que hemos llegado a algunos acuerdos preliminares”, señaló Riveros.
Además, Lyons se comprometió a delatar a quienes hayan participado de las irregularidades por las que es procesado, por lo que testificará en casos como el de la Corte Suprema.
Al político se le señala de al menos 20 delitos contra la administración pública, entre ellos el pago de millonarias sumas de dinero a centros médicos que atendían pacientes hemofílicos y que en realidad no existían.
Por estos hechos, seis presuntos implicados están detenidos, entre exsecretarios de Salud, exfuncionarios de esa dependencia y representantes de varias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
Lyons, que está en Estados Unidos, colabora con las autoridades de ese país, lo que permitió destapar la supuesta red de corrupción que involucra a los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia de Colombia José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte Gómez, quienes habrían cobrado sobornos por ayudas en procesos relacionados con congresistas.
Justamente hoy la Corte Suprema de Justicia remitió la documentación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que realice “la indagación preliminar” a Bustos y a Ricaurte.
La trama de corrupción también involucra a los senadores Hernán Andrade, del Partido Conservador, y Musa Besaile, del oficialista Partido de la U, al igual que el excongresista Luis Alfredo Ramos, que son investigados por la Corte Suprema de Justicia.
