El director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, se desmarcó del entramado por el pago de coimas que hizo la compañía brasileña Odebrecht en Colombia para obtener un contrato de obra en el país.
El caso salpica a Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, quien según medios locales recibió 300 millones de pesos (un poco más de 100.000 dólares) por hacer “lobby” ante la ANI para que se aprobaran los estudios, diseños y licenciamiento ambiental de un puente ligado a la construcción de la Ruta del Sol III.
Según medios locales, la aseveración la hizo el empresario colombiano Eduardo Zambrano, detenido dentro de las investigaciones para esclarecer el pago de sobornos de la constructora brasileña para obtener contratos de obras en Colombia.
“Ese proyecto fue adjudicado en el último año del Gobierno del presidente (Álvaro) Uribe (2002-2010)”, dijo Andrade a Efe, antes de explicar que el consorcio que recibió el contrato para la construcción de la Ruta del Sol III está conformado por los italianos de Impregilo, Conalvías y el Grupo Bancolombia.
Ese proyecto se otorgó para construir dos calzadas de una carretera del norte del país, que “en total es un proyecto de 470 kilómetros”.
Según Andrade, no se puede controlar que alguien visite la entidad y que “luego trate de cobrar sus buenos oficios” a terceros.
“Si alguien viene aquí y luego dice ‘gracias a mí se logró tal cosa, págueme por lobby’, pues es un tema que es ajeno a nosotros. No lo podemos controlar”, aseveró el director de la ANI al ser preguntado sobre el caso de Prieto.
Aclaró además que la referencia que se hace al puente de Plato es para hacer diseños y conseguir las licencias ambientales.
Para esos fines, se hizo una adición 5.700 millones de pesos (cerca de 1,9 millones de dólares).
“Es una adición muy pequeña de menos de dos millones de dólares. El objetivo es hacer unos diseños y tener licenciamiento ambiental”, afirmó Andrade.
Agregó que lo que se autorizó fueron los diseños del puente, obra que por ahora no se construirá por falta de presupuesto, pero que es necesaria para evitar “un cuello de botella” en esa vía.
Igualmente, el funcionario dijo que para los estudios no se utilizaron recursos públicos porque el concesionario tenía que crear “con su dinero” una cuenta para pagar sobrevuelos con drones que permitían establecer el avance de la obra.
Como ese dinero no se utilizó al ritmo que estaba pensado, asegura Andrade, lo que se hizo fue autorizar su uso para hacer los diseños del puente, informa Efe.
“Los diseños no han sido aceptados en su totalidad porque no se ha terminado el proceso de licenciamiento ambiental”, sostuvo el funcionario.
