Una veintena de ONG se han configurado en la Red contra la Criminalización del VIH, después de que varios estados mexicanos intentan endurecer las leyes, ya existentes aunque poco conocidas, que sancionan la posibilidad de contagiar el virus u otras infecciones de transmisión sexual.
“El objetivo (de la red) es que no empiece una cacería de brujas, porque fue sorprendente que en los últimos dos años se haya discutido en tres congresos (estatales) diferentes” esta ley, explicó a Efe Leonardo Bastida, jefe de Información de la entidad Letra S.
En México, 30 de los 32 estados contienen en sus códigos penales el “delito de peligro de contagio”, que sanciona a quien pueda transmitir una enfermedad no curable a otra persona.
Se sanciona “la posibilidad” de transmisión, aunque sea de forma involuntaria, por ejemplo, por desconocimiento, afirmó Bastida, quien elaboró un estudio que determinó que, desde el 2000, se registraron 39 procesos penales por dicha causa.
Se reportan 15 casos en Veracruz, nueve en Sonora, cinco en Tamaulipas y en el Estado de México, tres en Chihuahua, uno en la Ciudad de México y otro en Nuevo León.
La mayoría de estos se resolvieron con multas administrativas, si bien una persona en Sonora cumple una pena de 10 años, pese a que “no se puede comprobar de forma clara cómo se adquiere el virus”.
Muchos códigos penales estatales nacieron en la primera mitad del siglo XX con esta figura, si bien al principio se hablaba de enfermedades venéreas y se circunscribía habitualmente a la sífilis.
Los códigos fueron modificándose para incluir nuevos términos. E incluso en estados como Coahuila (norte) se creó un capítulo específico sobre VIH.
Actualmente, solo Aguascalientes y San Luis Potosí no tipifican este delito, aunque en el segundo estado hace apenas un año se buscó, sin éxito, que se legislara al respecto.
En el suroriental estado de Quintana Roo, el tema sigue candente después de que una diputada propusiera endurecer la legislación vigente, con penas de hasta 15 años.
“Por parte de ella, esto era para beneficio y para disminuir los casos de VIH. Pero le manifestamos que esta no era la manera adecuada”, contó a Efe el presidente de la asociación Círculo Social Igualitario, Édgar Mora.
Junto a otras ONGs, la Comisión Estatal de DD.HH. y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se establecieron mesas de discusión con un grupo de legisladores y se acordó, si bien aún falta la votación del pleno, la derogación del artículo 113 del Código Penal de Quintana Roo.
