La Contraloría General de la República adelantó un estudio sobre los recursos públicos que son administrados por las fiduciarias del país, y puso en evidencia que durante el periodo 2010–2016 permanecieron inmovilizados en fiducias recursos públicos por $3,21 billones en promedio anual, lo cual muestra una gran deficiencia en la gestión de estos dineros.
La cifra resulta reveladora si se tiene en cuenta que parte de tales recursos se hubieran podido utilizar para financiar programas y obras en sectores vulnerables, donde se han identificado amplias necesidades de inversión, tales como: vivienda, agua potable y saneamiento básico, salud y educación, entre otros.
Según la Contraloría, estos $3,21 billones equivalen al presupuesto asignado al sector Vivienda, Ciudad y Territorio para la vigencia 2016.
La mayor parte de los recursos inmovilizados corresponden a Patrimonios Autónomos de empresas en procesos de liquidación que se vienen prorrogando en el tiempo sin ningún control.
La Contraloría destacó que no existe un criterio normativo uniforme ni un seguimiento estricto a la gestión de estos patrimonios, lo que explica en buena medida sus continuas prórrogas.
Con la inmovilización de estos recursos y la ausencia de un control y seguimiento efectivo que permita la devolución de los mismos al Tesoro Nacional, los únicos beneficiados son las entidades fiduciarias que administran tales recursos, concluyó la Contraloría.
