En Colombia se libra un debate entre una política antidrogas basada en la ‘mano dura’ contra quienes la consumen y producen, o un enfoque de descriminalización como el que se ha implementado en algunos países europeos y regiones de Estados Unidos.
En el debate se han encontrado voces de académicos y líderes regionales que piden un cambio en la lucha contra el narcotráfico y visiones más conservadoras que argumentan que las políticas represivas son las únicas que dan resultado.
El debate se libra en medio de cifras históricamente altas de hectáreas de coca cultivada en el país que han disparado alarmas en Estados Unidos.
El pasado 11 de septiembre, el presidente Iván Duque se reunió con altos funcionarios del gobierno de Donald Trump quienes le advirtieron que el país tiene más de 200.000 hectáreas de coca cultivadas y debería quedar descertificado ante el Congreso de los Estados Unidos como un país que cumple con sus compromisos antidrogas.
Aunque el gobierno estadounidense no “descertificó” a Colombia, sí reclamó resultados “demostrables e inmediatos”.
Durante la reunión con la delegación, Duque habló de un plan basado en el ‘principio de la integralidad’ para disminuir los cultivos, hacer educación y prevención del consumo de drogas, atender el fenómeno de la drogadicción e incrementar las acciones contra los carteles del tráfico de estupefacientes, grandes y pequeños.
Aunque este plan suena muy completo, aún no se han hecho públicas las estrategias específicas para lograr estas ambiciosas metas.
Así lo explica Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
“No tenemos claro cuál es la política. Hay anuncios de diferentes funcionarios y a uno le toca leer cuáles son los distintos mensajes para tratar de adivinar qué es lo que quiere hacer el Gobierno”, explicó Garzón a la Agencia Anadolu.
Un ejemplo de mensajes contradictorios es la política para disminuir los cultivos ilícitos en el país, que ya llegaron a 209.000 hectáreas. En su discurso de posesión, Iván Duque habló de erradicación de la mano de las comunidades, de bienes públicos para las zonas rurales y proyectos productivos para ofrecer alternativas a los campesinos que hoy cultivan coca.
Sin embargo, unas semanas después, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que se iba a acabar el programa de erradicación voluntaria e insistió en la necesidad de reiniciar la fumigación aérea con glifosato, suspendida por el gobierno en 2015 debido a los riesgos que el herbicida podría representar para la salud.
“Los mensajes son contradictorios y lo que muestran es la falta de una estrategia clara de cómo vamos a abordar el tema de drogas. Sabemos que hay algún tipo de endurecimiento de las medidas, pero no sabemos quién va a ser responsable del tema, cómo se van a crear las herramientas y cuáles van a ser las metas”, añade Garzón.
Académicos, ciudadanos, campesinos y funcionarios han estado discutiendo cuáles serían las medidas realmente eficientes para acabar con el flagelo del narcotráfico. Centros de pensamiento y líderes regionales aseguran que es tiempo de adoptar medidas menos represivas, tanto en las ciudades como en el campo.
El desarrollo del campo, una estrategia contra la coca
Carlos Ardila es representante a la Cámara por el Putumayo, uno de los departamentos colombianos con más hectáreas de coca sembradas. La región del Putumayo-Caquetá, zona fronteriza con Ecuador, tiene el 24% de los cultivos ilícitos del país, según el informe de la UNODC, publicado en julio de 2017.
Ardila explica que el aumento de cultivos legales ha exacerbado la violencia en su departamento.
“Los homicidios vienen en una constante creciente. Hoy registramos un incremento del 39,7% de los homicidios y coincide con las zonas donde hay incremento del cultivo de hectáreas de coca. Es una realidad a la que tenemos que atender de manera urgente”, le contó a la Agencia Anadolu.
El congresista explica que para acabar con el flagelo es necesario una estrategia de desarrollo rural. “Al campo colombiano hay que llevarle mucho más que poder coercitivo, glifosato, drones y aviones. Hay que llevarle al menos bienes públicos. Debe contar con salud, educación, vías y electrificación”, dice.
Los campesinos que cultivan coca lo hacen para subsistir, según el representante. Cifras de entidades que estudian el fenómeno como UNODC y la Fundación Ideas para la Paz, entre otras, indican que una familia que cultiva coca no logra ni siquiera un salario mínimo mensual, pero es la única alternativa que tienen para subsistir.
“Existe una brecha gigante entre lo urbano y lo rural, pero además existe una brecha aún mayor entre lo rural y los lugares donde hay presencia de coca. Lo que le estamos pidiendo al Estado es que empecemos a cerrar brechas sociales”, concluye el congresista.
En este punto, Ardila coincide con Juan Carlos Garzón, de la FIP. El analista explica que la aspersión y la erradicación manual pueden dar resultados en el corto plazo, pero son estrategias que no son sostenibles en el largo plazo, básicamente porque no se cambia el territorio.
“En el discurso público hay más preocupación por las plantas que por las familias. Esas personas terminan importando porque tienen coca”, apunta Garzón.
El gobierno de Juan Manuel Santos había propuesto que la erradicación forzada se hiciera en el caso de cultivos industriales que fueran propiedad de grandes carteles de droga, mientras que a los campesinos que necesitan un sustento se les dieran alternativas de sustitución voluntaria.
Esta podría ser una estrategia. La diferencia es que, mientras un operativo de erradicación puede demorar un par de días o semanas, una estrategia de sustitución demora años. “Ninguna herramienta por si sola sirve, ni es perfecta. No hay una varita mágica para resolver el problema. Todas tienen problemas y efectos diferentes”, afirma Garzón. Por eso el secreto está en la planeación y la articulación.
Lograr una sustitución concertada en la que participen diferentes entidades gubernamentales de forma articulada sería vital no solo para desarrollar el campo, sino para crear legitimidad del Estado en zonas donde por décadas no ha habido presencia y así arrebatarles a los grupos narcotraficantes su poder sobre la población.
Una estrategia real para las ciudades
El pasado cuatro de septiembre, el Gobierno publicó el borrador de un decreto que se emitiría en las próximas semanas permitiendo a la Policía decomisar cualquier cantidad de droga que sea portada o consumida en espacios públicos, incluyendo la dosis mínima despenalizada en Colombia desde 1994. La policía podría decomisar y destruir cualquier estupefaciente, a menos que el consumidor pueda probar que es adicto.
La ministra de Justicia, Gloria Borrero, afirma que el decreto no penaliza el consumo de estupefacientes, sino que busca proteger a los jóvenes y niños de caer en la drogadicción.
Pero para Garzón, se trata de una estrategia represiva que no lograría los objetivos que se propone.
“Hay una tendencia al alza en la cantidad de personas que están en la cárcel por delitos relacionados con las drogas y al mismo tiempo hay un aumento en el consumo, es decir, el enfoque represivo no necesariamente va a impactar la demanda y probablemente tampoco la oferta”, argumenta el experto.
Garzón ha encontrado que históricamente las capacidades estatales y recursos públicos se han enfocado en la estrategia represiva y los menores recursos en el ámbito de la prevención y atención a los adictos. El resultado es bastante conocido: se siguen creando normas contra el tráfico de estupefacientes, el consumo no disminuye, las estrategias de prevención aplicadas son poco eficientes y la atención a las personas que caen en drogadicción la terminan prestando entidades privadas.
La propuesta de Garzón es que no se siga dando la discusión desde polos opuestos, ‘permisivo’ versus ‘represivo’. “Esos enfoques no son excluyentes”, afirma. “Es posible tener una política que respete la determinación del usuario pero que a su vez tenga un componente de la aplicación de la ley que le da herramientas a la policía para actuar frente a mercados que siguen siendo ilegales”, indica el analista.
En los últimos años se han presentado al Congreso medidas para articular el tema de cultivos con el desarrollo rural y la seguridad ciudadana, así como la regulación de la marihuana para fines medicinales. El gobierno estaba desarrollando estrategias para atacar los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico y abordar el consumo de drogas como un tema de salud pública. Estas ideas, concluye Garzón, son vitales para el debate y se deben seguir desarrollando, informa Anadolu.
La discusión sobre cómo luchar contra el narcotráfico y el abuso de estupefacientes será central en la política colombiana en los próximos años. El llamado que hacen expertos y líderes de las regiones afectadas es que los derechos ciudadanos jueguen un rol central en las estrategias que se adopten hacia el futuro.
