La Procuraduría General de la Nación anunció que revocó la venta de la EPS Cafesalud a Medimás debido a las irregularidades que se han presentado en el servicio de esta EPS.
“La decisión de revocar la venta de Cafesalud está condicionada a que la Supersalud adopte las medidas necesarias para garantizar el aseguramiento y la continuidad de la atención a los más de 4 millones de afiliados de MedimasEPS”: aseguró el procurador, Fernando Carrillo.
La Agente Especial Liquidadora de SaludCoop EPS, Ángela María Echeverry, envió una carta al Ministerio Público donde informó de la decisión de revocar la venta de Cafesalud EPS, ante los reiterados incumplimientos de los compradores que han sido denunciados en repetidas ocasiones por este Ministerio Público.
En respuesta al requerimiento de la Procuraduría, la liquidadora de SaludCoop y la Junta Directiva de Cafesalud acogieron la petición de revocar la venta y terminar el contrato que trasladó las acciones al consorcio Prestasalud, y de los contratos de arrendamiento de las clínicas a través de las cuales Esimed opera como red Medimás EPS.
Esta decisión está condicionada a que la Superintendencia Nacional de Salud adopte las medidas necesarias para garantizar el aseguramiento y la continuidad de la atención a los más de 4 millones de afiliados con que cuenta Medimás EPS, aseguró la Procuraduría.
Para ello, la Supersalud adoptará un plan de contingencia gradual, para que en los 29 departamentos donde tiene presencia la EPS, se garantice la cobertura en la atención de los afiliados y sus beneficiarios.
Además, a través de sus 84 Procuradores Regionales, Provinciales, Distritales y los personeros en más de mil municipios en el país, la Procuraduria hará una gran “toma por la salud” para vigilar la continuidad en la prestación de los servicios y que a los usuarios no se les traslade la responsabilidad de adelantar trámites que dilaten la atención, que afecten la continuidad de los servicios o incluso que pongan en riesgo sus vidas.
Sin embargo resaltaron que Medimás tiene la obligación de dar continuidad a los servicios y garantizar la atención de todos los usuarios durante la transición de los afiliados a otras EPS. No puede haber interrupción de la atención de salud.
Para este propósito he convocado al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de Salud y al Superintendente Nacional de Salud, así como a las empresas promotoras de salud para que el día de mañana participen en una mesa de trabajo para definir la ruta en este periodo de transición.
Uno de los incumplimientos que más preocupa a la Procuraduría General tiene que ver con el cierre de 8 clínicas de las 19 que integra Esimed, sumado a la falta de pago de los cánones de arrendamiento, deuda que asciende a más de $32 mil millones de pesos, así como a la falta de condiciones para la debida atención de los usuarios.
Deuda en la compra de acciones
Como lo afirma la respuesta al requerimiento de la Procuraduría General por parte de la Liquidadora en relación con el cronograma de pago de las acciones de Cafesalud, suscrito en julio y agosto de 2017, los compradores se encuentran en mora de más de 90 días, habiendo hecho un último pago parcial en el mes de julio, lo que ubica la deuda en más de $74.101 millones de pesos, sin incluir los intereses de mora correspondientes.
Frente al contrato de compraventa de las acciones de Esimed no se ha hecho un solo pago por este concepto, por lo que a la fecha la deuda total asciende a $17.500 millones de pesos, más intereses de mora, obligaciones que se harán exigibles mediante las garantías que soportaban los pagos.
Los incumplimientos desde el punto de vista económico ascienden a más de $125 mil millones de pesos, sin contar intereses.
Desde antes de la adjudicación de la venta, la Procuraduría alertó que los virtuales compradores no contaban con el músculo financiero, ni con la experiencia suficiente para asumir el aseguramiento de los afiliados que venían de Cafesalud. Hoy la Liquidadora le da la razón a la Procuraduría y adopta estas decisiones, dirigidas a hacer valor el orden jurídico, proteger los recursos del sistema y ante todo, garantizar el derecho a la salud como lo ordena la Constitución.
