El Consejo de Estado dejó en firme la investidura a Gustavo Petro luego de resolver una supuesta violación al régimen de inhabilidades que se alegó en una demanda presentada.
El alto tribunal determinó que pese a que contra Petro pesan tres condenas por parte de la Contraloría de Bogotá por irregularidades cuando ejerció como Alcalde, como el problema de las basuras y de la reducción del costo de pasaje de Transmilenio, estas no son suficientes para decretar una “muerte política”.
Según el fallo, estas sanciones fiscales en contra del Senador son de carácter administrativo emitidos por la Contraloría local y que no constituyen en una sentencia judicial, por tanto no afectan la investidura, puesto que para que haya causal de pérdida de la misma debe haber una evidencia que demuestre una actuación dolosa o gravemente culposa como servidor público.
La demanda que había sido presentada contra el excandidato, decía que la elección de Petro no era procedente por estas tres condenas fiscales y las actuaciones cometidas cuando estuvo en la administración local por las cuales lo sentenciaron a reparar patrimonialmente al Estado.
