La agencia S&P rebajó la calificación crediticia de Colombia a “BBB-” desde “BBB”, en medio de perfiles fiscales y externos debilitados que generan una menor flexibilidad política.
“La combinación de un crecimiento más débil de lo esperado en 2017 y la dependencia parcial de ingresos extraordinarios para compensar el bajo desempeño de la reforma impositiva de 2016 demuestran la dificultad de reducir gradualmente los déficit generales del Gobierno para cumplir con la regla fiscal de Colombia“, dijo la agencia.
“La economía colombiana sigue sufriendo las repercusiones de los efectos de los menores precios de las materias primas, reflejados en el alto nivel de deuda externa y la pronunciada volatilidad en los términos de intercambio del país”, explicó.
S&P mejoró el panorama a “estable” desde “negativo”, afirmando que la perspectiva refleja la expectativa de que las instituciones políticas contribuirán a la estabilidad económica del país después de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.
Analistas habían alertado sobre el riesgo de una rebaja en la calificación soberana de la cuarta economía más grande de América Latina en medio de una combinación de factores que van desde la debilidad de la economía hasta un aumento en la emisión de deuda, en medio de la perspectiva demasiado optimista del Gobierno sobre sus finanzas.
Se trata de la primera calificadora que rebaja un escalón a la nota del país andino. Colombia ostenta una calificación de BBB por parte de Fitch y de Baa2 por parte de Moody´s.
Durante el 2017 el Gobierno se vio obligado a reducir en dos ocasiones su meta original de crecimiento económico para este año de un 3 por ciento, hasta el objetivo actual de 1,8 por ciento, en medio de una caída del consumo doméstico y los menores recursos producto de la actividad petrolera, informa Reuters.
Una alta fuente del Gobierno dijo a Reuters la semana pasada que el país incumpliría sus metas de recaudación tributaria este año debido a una expansión de la economía por debajo de lo previsto, lo que pondría en riesgo la meta de déficit fiscal del Gobierno Nacional Central, de un 3,6 por ciento del PIB.
