La Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, informó que once personas proveedoras de servicios a Colpensiones fueron capturadas por la policía judicial Dijín, por conformar presuntamente una estructura delincuencial dedicada a la modificación y asignación de manera ilícita de reconocimiento de pensión por vejez.
Las capturas, realizadas bajo la coordinación de un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Dirección Seccional de Bogotá, se dieron gracias a la denuncia interpuesta por el representante de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) en junio de 2014, en la cual se puso en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades detectadas en el reconocimiento de pensiones, al manipular los sistemas de información para crear, modificar y falsificar las historias laborales de personas que, siendo o no afiliados, no cumplían con los requisitos de ley.
Según la investigación, en esta estructura delincuencial se evidencia la asignación de roles y funciones para la modificación ilícita de los sistemas de información de la entidad, a través de los cuales —en los últimos tres años— lograron reconocer 174 pensiones con sus respectivos retroactivos, llegando a una suma cercana a los $5.111’000.000 (cinco mil ciento once millones de pesos).
Gracias a la denuncia y al trabajo articulado entre la Fiscalía, la Policía y Colpensiones, se evitó un detrimento de 33 mil millones de pesos, que serían pagados con esta misma modalidad.
Igualmente, se evidenció que los investigados aparentemente cobraban entre 10 y 100 millones de pesos por realizar los trámites ilegales, dependiendo del monto a reconocer por concepto de la pensión.
Así, en desarrollo del Plan Bolsillos de Cristal, cero tolerancia a la corrupción, este 7 de junio se realizaron las capturas de Johanna Marcela Torres Parada, Deysi Jazmín Salgado Cortes, Leidy Bibiana Ayala Bonilla, Johanna María Tavera Ayala, Humberto Fernando Vallejo Jaramillo, Jenny López Barrios, Diana Marcela Rojas Muñoz, Viviana Paola Trejos Fernández, Alejandra Murillo Torres, David Fernando Quiñonez Norato e Iván Leonardo Lyons Molano.
Las audiencias concentradas de judicialización se están realizando en el Complejo Judicial de Paloquemao, ante el Juez 37 Penal con función de control de garantías de Bogotá, quien ya legalizó las capturas y los allanamientos.
El ente acusador imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento contra los 11 detenidos por estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales, fraude procesal, falsedad material en documento público y concierto para delinquir.
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