Una publicación del presidente Gustavo Petro en la red social X encendió las alarmas políticas en Colombia. Al referirse al contrato de pasaportes y a la empresa Thomas Greg & Sons, el mandatario mencionó la existencia de informes elaborados por organismos de inteligencia sobre supuestas conversaciones entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y los hermanos Bautista, principales accionistas de esa firma. La declaración fue interpretada de inmediato como una posible admisión de interceptaciones ilegales a un aspirante a la presidencia, en plena contienda electoral.
El contexto del trino presidencial giraba en torno a la disputa por el nuevo modelo de expedición de pasaportes. Petro acusó a los hermanos Bautista de no entregar las claves del sistema al Estado colombiano y los vinculó, sin presentar pruebas documentales, con un supuesto acuerdo para beneficiar electoralmente a De la Espriella. Fue precisamente esa mención a “informes de inteligencia de conversaciones” lo que provocó la avalancha de reacciones en el mundo político y jurídico del país.
El candidato Abelardo de la Espriella respondió con dureza desde sus propias redes sociales. Negó conocer a los empresarios mencionados, cuestionó la fiabilidad del sistema de inteligencia del Gobierno y retó directamente al presidente a hacer públicas las supuestas grabaciones. De la Espriella también acusó a Petro de actuar fuera de la legalidad y advirtió que, de llegar a la presidencia, lo haría responder ante la justicia por sus actuaciones.
Denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones
El equipo jurídico de la campaña ‘Defensores de la Patria’ no tardó en trasladar la controversia al terreno legal. El abogado Germán Calderón España radicó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una solicitud formal para que se investigue al presidente Petro y a funcionarios indeterminados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por el presunto delito de violación ilícita de comunicaciones. Para el jurista, el trino presidencial constituye en sí mismo una confesión de que el Estado habría interceptado ilegalmente al candidato.
Simultáneamente, el movimiento ‘Defensores de la Patria’ pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y a los veedores electorales que abrieran investigaciones urgentes para establecer bajo qué condiciones fueron obtenidos los informes mencionados por el presidente. La campaña hizo un llamado expreso a la ciudadanía a mantenerse vigilante ante posibles irregularidades que puedan comprometer la transparencia del proceso electoral de 2026.
Reacciones políticas: señalamientos por chuzadas y abuso del poder
La polémica sobre las chuzadas desbordó rápidamente la disputa entre Petro y De la Espriella. La senadora María Fernanda Cabal exigió saber si el presidente había ordenado vigilar a opositores usando la inteligencia del Estado y por qué, en caso de tener pruebas de delitos, no había presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. La representante Katherine Miranda preguntó abiertamente si el mandatario estaba interceptando comunicaciones del candidato, mientras que la periodista Vicky Dávila extendió la pregunta para incluir al expresidente Iván Duque.
La candidata presidencial Paloma Valencia envió una carta formal al presidente Petro para exigir explicaciones. En ella, advirtió que el uso de informes de inteligencia para señalar públicamente a competidores electorales abre un precedente peligroso para la democracia colombiana. Valencia recordó además los antecedentes de interceptaciones ilegales cometidas por el DAS durante gobiernos anteriores, episodios que el propio Petro denunció en su momento como senador.
El senador liberal Mauricio Gómez Amín, integrante de la campaña de De la Espriella, pidió acompañamiento de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, para garantizar condiciones de seguridad y transparencia al candidato. El excandidato y exministro Mauricio Cárdenas señaló que la DNI no está facultada legalmente para interceptar comunicaciones de políticos y que ese tipo de acciones solo pueden realizarse a través de la plataforma Esperanza de la Policía, con orden judicial previa.
¿Qué sigue en este escándalo político?
La Comisión de Acusaciones de la Cámara deberá decidir si admite o no la solicitud de investigación contra el presidente Petro por presunta violación ilícita de comunicaciones. De manera paralela, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tienen en sus manos las peticiones formales elevadas por la campaña de De la Espriella. El Gobierno, por su parte, no ha emitido hasta el momento una respuesta oficial que aclare el origen, la legalidad ni el alcance de los informes de inteligencia mencionados en el polémico trino presidencial. A pocas semanas de las elecciones de 2026, el debate sobre el uso de los organismos de seguridad del Estado con fines políticos promete mantenerse en el centro de la agenda nacional.
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