Por: Víctor Manuel Salcedo
Representante a la Cámara por el Partido de la U
Ganancias deben existir: sociales, culturales, educativas, ambientales y monetarias, sea el Estado el que las perciba o sean los privados. Pensar que obtener rentabilidad mediante la prestación de servicios, que conduzcan a garantizar derechos fundamentales es un hecho ética y políticamente incorrecto, no ayudará al progreso del país.
Adelantar transformaciones en salud, pensiones y derechos laborales con la intención de objetar la acción del sector privado, para dejar que sea el Estado el que todo lo asuma, sin permitir una coexistencia armónica entre sectores, no es la solución.
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El sector privado es un gran aliado del desarrollo y el bienestar, catalizador de transformaciones industriales, promotor de innovación. Atacar su acción desde las ideas es fácil, pensar que la sola actuación de lo público solucionará los problemas y producirá el cambio, es romanticismo estatal.
La iniciativa privada no se puede desincentivar, al contrario, promover el emprendimiento, la inventiva de los ciudadanos y la generación de empresas, debe ser el gran objetivo de la acción del Estado. Estigmatizar al sector privado y la generación de ganancias y obtención de rentabilidad, es acercarse a la restricción de libertades ciudadanas.
Empeñarse en obviar la capacidad y experiencia del sector privado en la garantía de derechos fundamentales y procurar el crecimiento desmedido del Estado, pensando que así se dará plena garantía de derechos, no es más que frenar la generación de valor y por esta vía el estancamiento del desarrollo.
Garantizar derechos fundamentales requiere dinero, inicialmente dinero público, que no es más que el dinero que primero estuvo en los bolsillos de los ciudadanos o en las cuentas empresariales y que se entrega al Estado para que este lo administre. Administrar recursos públicos no debería pasar por el sentimiento ideológico, solo debería tener la intención de administrarlos bien y de procurar el mayor bienestar social posible mediante las herramientas necesarias, bien sea de origen público o privado, después de todo no es una acción compleja y no debería estar generando batallas políticas, mientras los ciudadanos claman por la acción pronta y oportuna del Estado.
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Promover cambios y empeñarse en realizarlos estigmatizando al sector privado, es obviar la deliberación, negar la concertación y avanzar sin tener claro los resultados, evidenciando así la sola intensión de imponer una visión, craso error en la ejecución de políticas públicas, más cuando dicha visión obedece solo a componentes teóricos con falta de evidencia práctica, o peor aún con evidencia práctica fracasada.
Por supuesto que Colombia requiere una transformación y bienvenida sea la intención de hacerlo, pero dicho proceso inicia transformando la manera en que se construye el cambio, pues para que sea uno verdadero, se deberá convocar al general de la población, aceptar a todos los actores y ceder ante puntos de vista. Ideas esenciales de sistemas políticos democráticos.
