Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U
La dolorosa realidad que acecha sin contemplaciones a los niños y niñas de La Guajira demuestra lo grande que le ha quedado al Estado enfrentar el monstruo de la desnutrición. Las escalofriantes cifras de muertes por esta causa, dan cuenta de un lamentable panorama que exige más actuación y menos retórica por parte de todos para lograr, de una vez por todas, la concertación de acciones articuladas que permitan brindar una atención adecuada a la grave crisis humanitaria.
Factores asociados a la falta de acceso a saneamiento básico y a la inseguridad alimentaria son los que le han impedido a los niños wayuu, acceder a una alimentación digna. De acuerdo con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), un niño que haga parte de esta comunidad tiene seis veces más probabilidades de morir por desnutrición que cualquier menor de Colombia.
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Los reportes emitidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) confirman la anterior afirmación. De acuerdo con el más reciente boletín de la entidad, actualmente en Colombia, la tasa de casos de desnutrición es de 0,54 casos por cada 100 menores de cinco años. Sin embargo, en La Guajira la tasa se triplica con un abrumador registro de 1,82 casos por cada 100 niños menores de cinco años.
La situación es compleja, toda vez que en los últimos años se ha registrado un acelerado incremento en los menores fallecidos a causa de desnutrición y factores asociados. En lo que va del 2023, el INS ha reportado 22 niños guajiros fallecidos. Una cifra de la que muchos difieren por la cantidad de menores de la comunidad wayuu que mueren por hambre y no son reportados a las autoridades.
Las fallas en la política de atención a la infancia en La Guajira han quedado en evidencia, una vez más. Hoy está demostrado que el denominado Plan de Choque, presentado por el Ejecutivo unos meses atrás como su carta principal para disminuir al máximo la tragedia que padece la población infantil en esta zona del país, no ha pasado a los hechos. La intención no ha sido suficiente para evitar que más niños sigan perdiendo la batalla contra el hambre.
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Esperamos que la visita anunciada por los magistrados de la Corte Constitucional a las comunidades afectadas para verificar el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que busca garantizar el acceso al agua, la salud y la seguridad alimentaria del pueblo wayuu, produzca resultados, que convoquen y sumen voluntades para la búsqueda de soluciones eficaces que contribuyan a enfrentar el flagelo de la desnutrición infantil en La Guajira.
Si bien el Gobierno Nacional tiene la obligación de asistir y proteger los derechos fundamentales de la niñez wayuu, todos tenemos la responsabilidad de contribuir a la construcción de una efectiva política de atención a la infancia en La Guajira. Tanto los organismos, como las instituciones del Estado, los entes territoriales y la sociedad civil, tenemos la obligación de unirnos para asistir y proteger a los niños y niñas, extinguiendo el flagelo de la desnutrición infantil. Hay que evitar, a toda costa, que se produzcan más muertes de menores por desnutrición.
