La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Guatemala buscará reducir los 90.899 embarazos en adolescentes que hubo en el país en 2017, indicaron hoy varios de los diputados que la conforman durante una citación a la Fiscalía, a la cartera de Salud y al ombudsman.
De estos embarazos, 4.195 correspondieron a niñas de 10 a 14 años -cuya población estimada es de 1.006.272-, mientras que 86.704 fueron a adolescentes de 15 a 19 -de 920.508 féminas en total-, según datos que el Observatorio de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez recogió del Ministerio Salud.
La tasa por cada 100.000 niñas de 10 a 14 años es de 4,2 embarazos, mientras que de 15 a 19 fue de 94,2, señaló el informe de la organización sanitaria, mencionado este viernes durante la citación en el Congreso.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado opositor del partido Todos Ronald Arango, lamentó que el tema fuese abordado por las autoridades ahora, después de registrarse esas grandes cifras, y anunció que conformarán una “delegación permanente” para “darle seguimiento al tema y buscar financiación y elaborar iniciativas, bajo una coordinación interinstitucional”.
El fiscal de Niñez y Adolescencia del departamento de Guatemala, Rubén Herrera, indicó que actualmente cuenta con 1.217 expedientes en investigación por embarazos por violación, de los cuales ha concretado 37 sentencias (todas en 2017), sin embargo dijo desconocer cifras a nivel nacional.
Arango expuso que era “alarmante” que las cifras de sentencias fuesen “casi nulas”, lo cual “no repercute en los victimarios”.
La congresista del opositor partido Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, preguntó al viceministro técnico de Salud, José Roberto Molina, si había denunciado los casos encontrados ante el Ministerio Público.
Según el viceministro, esto se realiza mediante una llamada telefónica, además de que 11 hospitales de la red nacional “ya cuentan con una oficina de la Fiscalía dentro”.
Por su parte, el también opositor Raúl Romero, del partido Fuerza, mencionó que el abordaje debía hacerse de manera “integral”, que permita “la coordinación de esfuerzos”, informa Efe.
“Esas cifras que hemos visto hoy son dramáticas en cuanto a las denuncias y las sentencias mínimas, por lo que necesitamos regular la persecución. No podemos ser una sociedad contemplativa en las violaciones a niñas de 10 a 14 años”, concluyó.
