Diversas ONG reclamarán resultados en las investigaciones que la justicia de su país adelanta por los ataques y asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes sociales. Afirman que la Fiscalía se enfoca en capturas o casos abiertos pese a que debería mostrar estadísticas de condenas y esclarecimiento de las redes que se encuentran detrás de los crímenes.
Los reclamos se presentarán en una de las audiencias del 170 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se cumple en Washington, donde las organizaciones pedirán al Estado colombiano este jueves celeridad en las investigaciones y protección de los líderes y defensores del país.
Las organizaciones coinciden en que los asesinatos buscan frenar las causas que defienden los defensores y aseguran que al atacar a un líder social se vulneran también los reclamos de las comunidades que representan.
Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) que está en Washington, le aseguró a la Agencia Anadolu que en Colombia la impunidad y ausencia de resultados en investigaciones por ataques a defensores incentivan la repetición de los mismos.
“Valoramos que haya avances en los procedimientos de abrir investigaciones, pero cuando miramos resultados los datos son contundentes y muestran que no se ha logrado administrar justicia. Hay ausencia en el esclarecimiento de los hechos de responsabilidad y de condenas”, aseveró Romero.
El directivo aseguró que desde la Fiscalía y el Ejecutivo se han vinculado investigaciones por ataques a defensores con procesos judiciales de narcotráfico o “líos pasionales” y consideró que esa práctica le “baja la importancia a la tragedia del asesinato de líderes en muchos lugares de Colombia”.
Romero manifestó que el Estado debe investigar los casos, dar resultados y comprometerse con una política de protección a defensores de derechos humanos que vaya más allá de la militarización de territorios.
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), coincidió con Romero en que la impunidad en los casos de ataques a defensores de derechos humanos aumenta los ciclos de violencia.
La directiva se refirió a las estadísticas de la Fiscalía sobre los resultados en investigaciones de defensores y líderes asesinados y sostuvo que faltan avances para descubrir a quienes están detrás de las amenazas, los hostigamientos y los homicidios.
Para la directora ejecutiva de Cejil es clave que en Colombia haya una investigación sobre las amenazas que denuncian los defensores, al considerar que es el delito que precede a los homicidios.
La representante de Cejil consideró que la audiencia en la CIDH y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le permitirá al Estado colombiano “verse en un espejo” y revaluar la información que tiene sobre los ataques a los líderes con el fin de evitar la impunidad en las investigaciones.
“Se busca un cambio de políticas profundo que permita prevenir asesinatos y responder de manera adecuada a los grupos criminales que están detrás de los crímenes. Queremos que haya un espacio para la participación social y el debate público en Colombia”, afirmó la directora.
Krsticevic se refirió a la designación de Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la OEA, que administra la CIDH, y aseveró que como el Cejil lo indicó en el momento de la elección, “no está a la altura de los compromisos que ha expresado públicamente el Gobierno colombiano de lucha contra la corrupción y la adhesión a los principios de derechos humanos”.
Las organizaciones han denunciado que el asesinato de líderes también está vinculado a sus reclamos para que en Colombia se implementen los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla desmovilizada de las Farc de noviembre de 2016 y mencionan que la cifra de defensores víctimas de homicidio, desde la firma de la paz, varía entre 350 y 425 personas.
Las ONG coinciden en que no es problemático tener discrepancias sobre la cifra de homicidios y explican que cada una tiene una metodología distinta para caracterizar los crímenes. Detallan, además, que algunas incluyen solo a defensores de derechos humanos, otros a reclamantes de tierra, o personas con un liderazgo comprobado en sus comunidades. Afirman que las diversas caracterizaciones permiten concluir que, en cualquier caso, se cuentan por cientos los asesinatos.
