El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) denunció hoy la poca “eficiencia” en la ejecución del presupuesto público para enfrentar el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Guatemala.
El estudio “El desarrollo de una propuesta técnico fiscal para la prevención y atención del VIH en Guatemala durante el período 2017-2026”, elaborado junto con el Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo (Hivos), pretende establecer mecanismos de sostenibilidad fiscal para la próxima década.
En 2016 se estimó que vivían en Guatemala 46.000 personas adultas y menores con VIH/sida, una prevalencia del 0,5 por ciento de la población total.
Los datos técnicamente indican, según el estudio, que en Guatemala el VIH es una “epidemia concentrada”, es decir, que la prevalencia es menor al 1,0 % de la población total, pero mayor al 5,0 % en poblaciones que estadísticamente han registrado prevalencia alta.
El estudio aborda la vinculación de los compromisos en materia de política pública para asegurar la prevención y atención del VIH/sida con la asignación de recursos financieros, y uno de los desafíos más importantes que advierte para Guatemala fue haber asumido en 2014 el compromiso de acabar con la epidemia a más tardar 2030.
Para ello se había planteado la Estrategia de respuesta acelerada, cuyas metas para 2020 se resumen en las denominadas Metas 90-90-90: “Que el 90 % de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico; que el 90 % de las personas que conocen su diagnóstico reciban tratamiento antirretroviral, y que el 90 % de las personas en tratamiento tengan supresión viral (carga viral indetectable)”.
Este compromiso se enlaza con al menos dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como son el de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en las distintas edades y lograr la igualdad entre los géneros.
El estudio detalla que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social destinó para todo el período 2007-2016 un techo presupuestario acumulado de 669,9 millones de quetzales (89,5 millones de dólares) para acciones relacionadas con VIH, del cual solamente se devengaron en esos 10 años 564,5 millones (75,4 millones de dólares, el 84,3% de ejecución acumulada).
En mirada hacia el futuro, el documento recomienda incrementar el presupuesto público y estima que para acciones vinculadas al combate del VIH/sida en 2020 se necesitarán por lo menos 272,4 millones anuales de quetzales -36,3 millones de dólares- (0,04% del PIB), superior a los 113,8 millones de quetzales (15,2 millones de dólares) asignados en 2018, informa Efe.
Estos incrementos presupuestarios contribuirían a “asegurar la prevención, atención y tratamiento de las personas con VIH/sida, ya que una vez se adquiere el virus se debe procurar su detección temprana y posterior tratamiento con medicamentos antirretrovirales”.
