Los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las Farc dejan al descubierto un exterminio silencioso en Colombia que se ha cobrado la vida de al menos 700 personas en los últimos tres años y que, según expertos, ponen en peligro el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.
El más reciente caso tuvo lugar el viernes en Tierralta, en el caribeño departamento de Córdoba, en donde con la más espeluznante frialdad dos hombres dispararon desde una motocicleta contra María del Pilar Hurtado Montaño, de 34 años.
La mujer, que según organizaciones sociales era una líder de su zona que estaba amenazada por el grupo paramilitar Águilas Negras, caminaba por las polvorientas calles de la localidad en compañía de su hijo, de apenas nueve años, cuando fue tiroteada.
La desgarradora escena que siguió y que fue captada en un video que se ha multiplicado en las redes sociales, muestra el desespero y el dolor del niño que grita, patea piedras y pregunta “por qué”.
La respuesta a esa incógnita que mantiene perplejo al país es clara para el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo.
“Aquí estamos asistiendo a una acción sistemática para frustrar el proceso de paz y las reformas y cambios que trae”, dijo este sábado Cepeda en entrevista con Efe.
Estos crímenes, que según el senador se registran “uno cada dos días” en al menos siete regiones de Colombia, la mayoría de ellas agobiadas por la presencia de grupos guerrilleros, disidentes de las FARC, paramilitares y narcotraficantes, “no son hechos aislados contra personas que están en una situación de marginalidad sino ataques directos contra la sociedad”.
Pese al drama, que parece ir en aumento desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, el 24 de noviembre de 2016, por ahora no hay una cifra única sobre las víctimas mortales de esta escalada de violencia.
La más dramática estadística la entregaron recientemente la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, que en el informe “Todos los nombres, todos los rostros” aseguraron que 702 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC fueron asesinados desde 2016.
También, la Defensoría del Pueblo ha indicado que son 431 los casos registrados en ese periodo, mientras que para la ONG Somos Defensores el número asciende a 341 líderes y defensores de derechos humanos muertos, 25 de los cuales perdieron la vida solo en el primer trimestre de este año.
Ante la preocupante situación Cepeda hizo un llamado para “salir a la calle a expresar el repudio frente a todos estos asesinatos” e indicó que la Comisión de Paz del Senado, de la cual es copresidente, irá la próxima semana en una misión humanitaria a Tierralta para “documentar” lo que ocurrió con Hurtado.
En el mismo sentido se pronunció hoy el partido político FARC, al denunciar que el asesinato de más de un centenar de miembros de la antigua guerrilla constituye “una clara violación” del acuerdo de paz.
La violencia política se “ha cobrado la vida de 133 exguerrilleros, así como de 34 de sus familiares y once más desaparecidos”, dijeron los líderes de la FARC en una declaración al término de un encuentro de carácter urgente que comenzaron ayer para analizar la crítica situación.
Para el partido FARC, “estos asesinatos sistemáticos (…) son responsabilidad del Estado y el Gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos”.
Al contundente reclamo se unió el partido de centro Alianza Verde que en un comunicado sostuvo que “las amenazas, desapariciones y asesinatos contra quienes trabajan en los territorios han puesto en evidencia un Estado fallido”.
A juicio de diferentes sectores, las pérdidas humanas se han convertido simplemente en estadísticas para las autoridades, ya que faltan acciones contundentes por parte del presidente colombiano, Iván Duque, para detener el derramamiento de sangre.
De hecho, frente al asesinato de Hurtado, cuyo cuerpo será trasladado al departamento del Cauca, en el suroeste del país, de donde era oriunda, la indignación parece no ceder.
La Fiscalía abrió una investigación para hallar a los autores materiales e intelectuales del crimen que al parecer está relacionado con un asunto de ocupación de tierras de propiedad del padre del alcalde de Tierralta.
Mientras tanto Duque, que está desde el pasado 16 de junio en una visita al Reino Unido, Francia y Suiza, ordenó la realización de un consejo de seguridad en Tierralta y brindarle acompañamiento a los cuatro hijos de Hurtado.
Las medidas son insuficientes y así lo han hecho saber políticos y colombianos de a pie que través de sus redes sociales han repudiado lo ocurrido.
“Estos líderes trabajan en contra de los temas mineros, reclaman la restitución de tierras y se oponen al narcotráfico”, dijo a periodistas Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, para quien frente a estas muertes “no hay una decidida función por parte del Gobierno en temas de inteligencia” para detener a la “estructura criminal que está detrás de esto”.
La tragedia de los líderes sociales ya la habían advertido en mayo pasado más de 260 académicos colombianos y extranjeros que en una carta le pidieron a Duque hacer algo al respecto.
Preocupados, los intelectuales afirmaron en ese momento haber observado que “desde los lugares de poder gubernamental y los medios de comunicación se incita a una escalada de odio y violencia que rompe la poca paz alcanzada (…) y se declara una guerra contra la sociedad”. Efe
