La Fiscalía no encontró chuzadas a De la Espriella: tras revisar cerca de 13.000 interceptaciones telefónicas legales registradas en la plataforma Esperanza, el ente investigador determinó que ninguna de esas grabaciones estaba vinculada al candidato presidencial, en medio de la tormenta política desatada por una publicación del presidente Gustavo Petro en redes sociales.
Qué revisó la Fiscalía en el caso De la Espriella
La información fue divulgada por el periodista Ricardo Ospina de Blu Radio, quien reportó que la Fiscalía General de la Nación examinó la totalidad de las interceptaciones telefónicas legales disponibles en la plataforma Esperanza —el sistema oficial utilizado por esa entidad para este tipo de procedimientos, con autorización judicial previa— y no encontró registro alguno que involucrara al candidato del movimiento Defensores de la Patria.
La revisión también incluyó los nombres de los hermanos Bautista, accionistas de la empresa Thomas Greg & Sons, mencionados en la polémica publicación del presidente Petro. Según lo conocido, tampoco se hallaron registros de interceptaciones legales vinculadas a ellos, lo que dejó sin respuesta la pregunta central: de dónde provino la información que el mandatario citó en su mensaje.
Ante la ausencia de registros en el sistema de la Fiscalía, autoridades y sectores políticos plantearon la necesidad de aclarar qué fuente proporcionó esos datos y cómo llegaron al conocimiento del presidente de la República.
El origen de la controversia: el trino de Petro sobre inteligencia
La controversia se originó el 4 de abril de 2026, cuando el presidente Gustavo Petro publicó en la red social X un mensaje en el que mencionó la existencia de “informes hechos desde inteligencia” sobre conversaciones entre el candidato De la Espriella y los propietarios de Thomas Greg & Sons, empresa que durante cerca de dos décadas estuvo a cargo de la producción de pasaportes en Colombia y que fue desvinculada del proceso por decisión del Gobierno actual.
Según el mandatario, esas conversaciones revelarían un supuesto acuerdo en el que De la Espriella habría prometido devolver el contrato de pasaportes a esa firma a cambio de algoritmos que le garantizarían la presidencia. El presidente no presentó pruebas documentales que sustentaran esas afirmaciones.
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La versión del exdirector de la DNI y el debate sobre la legalidad
Antes de conocerse el resultado de la revisión de la Fiscalía, Wilmar Mejía, saliente funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), había señalado en redes sociales que el presidente Petro incurrió en una “ligera imprecisión” al referirse a la información como proveniente de inteligencia, cuando en realidad correspondería a una orden judicial que autorizó interceptar abonados telefónicos. Mejía enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con grupos armados ilegales.
Sin embargo, el resultado de la Fiscalía complejiza esa versión: si las interceptaciones mencionadas por el presidente fueron autorizadas judicialmente y tramitadas por la plataforma Esperanza, deberían constar en los registros de esa entidad. La ausencia de registros vinculados a De la Espriella o a los hermanos Bautista en ese sistema deja sin sustento verificable la afirmación presidencial.
El excandidato y exministro Mauricio Cárdenas había señalado además que la DNI no está facultada legalmente para interceptar comunicaciones de políticos, y que ese tipo de acciones solo pueden realizarse a través de la plataforma Esperanza, con orden de un juez de garantías.
Las denuncias jurídicas y las reacciones políticas
El equipo jurídico de De la Espriella, liderado por el abogado Germán Calderón España, radicó una solicitud de investigación ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Petro y funcionarios indeterminados de la DNI, por el presunto delito de violación ilícita de comunicaciones, tipificado en el artículo 192 del Código Penal colombiano, que contempla penas de prisión de entre 32 y 90 meses.
El 6 de abril de 2026, se conoció que esa comisión abrió una investigación preliminar contra el presidente, a cargo de la representante Gloria Arizabaleta, congresista del Pacto Histórico. En paralelo, el candidato dirigió comunicaciones formales al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y al Parlamento Europeo, para denunciar lo que describió como un patrón de persecución política por parte del Gobierno.
De la Espriella negó conocer a los hermanos Bautista y desafió al presidente a presentar las supuestas grabaciones. Afirmó que, si las conversaciones existen, abandonaría su candidatura, y que si no existen, el presidente debería renunciar. El Gobierno no emitió una respuesta oficial que aclarara el origen ni la legalidad de los informes mencionados.
Qué sigue tras la revisión de la Fiscalía sobre las chuzadas a De la Espriella
Con el resultado de la Fiscalía descartando la existencia de interceptaciones legales al candidato en sus registros, el interrogante sobre el origen real de la información citada por el presidente Petro queda sin respuesta oficial. La Comisión de Acusaciones de la Cámara deberá determinar si existen méritos para avanzar hacia una investigación formal. A pocas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, el debate sobre el uso de los organismos de inteligencia del Estado en la contienda electoral se perfila como uno de los ejes más sensibles de la campaña.
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