62.000 muertos, 80.514 desaparecidos, 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual, 17.804 menores de edad reclutados y más de USD 127.000 millones – una cifra superior a la fortuna del hombre más rico del planeta, el fundador de Amazon Jeff Bezos- fue el costo humano y monetario que Colombia pagó en seis décadas de conflicto armado.
Mientras los cuerpos caían, aumentaba el dinero que los gobiernos destinaban para combatir a los diferentes grupos al margen de la ley. La dinámica de la guerra demandaba una política de Estado en la que prevalecía la muerte del “enemigo”, del guerrillero, del paramilitar, del narcotraficante, antes que todo.
En este marco y tras cuatro años de negociación en La Habana, el mismo gobierno que gastó unos USD 40.000 millones en “defensa” – según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) – firmó un acuerdo en el 2016 que, entre elogios y críticas por parte de la comunidad internacional y la oposición interna, redirigió las prioridades.
Tras el acuerdo, los lobistas de Juan Manuel Santos -y el mismo expresidente- salieron al mundo con el objetivo de engordar la billetera colombiana que esta vez, y para desconcierto de muchos, sería volcada hacia el posconflicto.
En dichas giras, el pasado gobierno obtuvo el espaldarazo de diferentes organismos internacionales y se concretaron los recursos que aseguraban, en alguna medida, el presupuesto para la implementación de la paz que, según cálculos del anterior Ministerio de Defensa, bordearía los USD 40.198 millones en los próximos 14 años.
De acuerdo con un artículo publicado por Verdad Abierta en febrero del año que corre, Santos y sus funcionarios aseguraron millones de dólares procedentes del exterior que sirvieron para la creación de cuatro fondos de paz:
1. El Fondo Multidonante de la Organización de Naciones Unidas que, para diciembre del 2018, tenía reservados USD 100 millones en 107 proyectos enfocados para la implementación rápida del acuerdo.
2. El Fondo del Banco Mundial que ha invertido poco más de USD 7,7 millones en proyectos de reparación colectiva.
3. El Fondo Colombia Sostenible -investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades-, nutrido por USD 210 millones entregados por Noruega, Suecia, Suiza y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales, se han destinado USD 10 millones a preservar el medio ambiente en zonas golpeadas por el conflicto.
4. El Fondo de la Unión Europea, que contiene más de USD 130 millones listos para financiar proyectos de reincorporación y desarrollo rural.
En este plano, el Fondo Europeo para la Paz, que une las contribuciones de 19 Estados miembros de la UE, además de Chile, es el que mejores resultados presenta tanto en la era Santos como en la actual presidencia de Iván Duque.
De los USD 130 millones totales, USD 79 millones están en ejecución: USD 56 millones para el desarrollo rural y USD 23 millones para apoyar al gobierno en el tránsito a la vida civil de los excombatientes.
Se espera que a finales de este año esté en curso un total de USD 113 millones, según le dijo a la Agencia Anadolu la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart.
Mediante los 25 proyectos del fondo de la UE, que impactan a la fecha a 74 municipios de 16 departamentos del país, se brinda apoyo a por lo menos 7.800 pequeños productores agrícolas con sentido sostenible. Un dato relevante si se tiene en cuenta que las exportaciones desde Colombia a la Unión Europea se incrementaron en un 36%.
En relación con la reincorporación, un reporte de la UE con fecha de corte del 31 de marzo de 2019 detalló que el fondo ha promovido la participación de 338 reinsertados de la extinta guerrilla de las Farc en proyectos de economías solidarias. Es decir, actividades que operan bajo la condición de la autogestión y el emprendimiento con una estructura horizontal.
Además, el fondo benefició a 7.309 familias vinculadas a unidades productivas; 1.331 personas reciben capacitación y formación técnica para promover la producción sostenible, el emprendimiento y la inclusión laboral; 2.964 familias producen alimentos para el autoconsumo y la comercialización local a través de prácticas agroecológicas; 228 excombatientes reciben formación técnica y 145 se favorecen mediante formación y asesoría en gestión empresarial.
Todo esto, destacó Llombart, es importante para dar certidumbre y claridad en tiempos donde se está exacerbando el asesinato de antiguos miembros de las Farc en el país.
Sin embargo, y pese a la inseguridad que podría suscitar la aplicación de los proyectos de paz durante la administración Duque, Llombart le manifestó a la Agencia Anadolu que los beneficiarios de los mismos pueden estar tranquilos.
“Nosotros tenemos confianza y hemos trabajado muy estrechamente con este gobierno. He tenido la oportunidad de viajar en tres ocasiones con el presidente Duque a Espacios Territoriales (ETRC). La impresión que me he llevado y el mensaje más importante transmitido a los excombatientes, es que existe un compromiso firme de su administración con la implementación”, señaló la funcionaria de la UE.
Por su parte, en conversación con la Agencia Anadolu, el Alto Consejero para la Estabilización de Iván Duque, Emilio Archila, concluyó que todos los alcaldes de los municipios donde están ubicados los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación? quieren que los mismos continúen sus funciones. Anadolu
