El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció que convocará a los gobernadores de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y de Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios, a una audiencia en dos semanas para debatir ampliamente la garantía de los derechos de los ciudadanos de Belén de Bajirá.
“Estamos convencidos que la población y los ciudadanos de Belén de Bajirá no pueden ser los damnificados de una disputa entre dos departamentos”, aseguró.
El anuncio lo hizo Carrillo Flórez en su visita a Quibdó, Chocó, en la que se realizó el primer Consejo Asesor Ambiental en el departamento.
Afirmó que “en un diálogo entre los dos gobernadores, entre los gabinetes de Antioquia y Chocó, vamos a encontrar una solución razonable y ajustada al estado de derecho”.
Agregó que “los ciudadanos de Belén de Bajirá no pueden ser víctimas de una disputa entre dos departamentos, dos gobernadores o dos proyectos, que algunos de ellos tienen que ver con intereses electorales”.
“Nosotros rechazamos ampliamente una consideración de esa naturaleza y los convocamos a una mesa de diálogo que será encabezada por el Procurador General para que los ciudadanos de Belén de Bajirá no vayan a perjudicarse por esta disputa territorial”.
Explicó que no se trata de confrontar a los dos gobernantes, sino de “poner por encima de la mesa todos los derechos de los ciudadanos (…) lo único que aquí no se puede admitir es que se hable de suspensión de los servicios públicos y de represalias”.
“Se trata es de blindar a estos ciudadanos de esa disputa territorial para eso tenemos un estado de derecho y para eso hay unas instancias que son las encargadas de resolver este problema. Estoy seguro de que los dos gobernadores, que son dos demócratas, tienen que someterse a una instancia de esta naturaleza para arreglar este asunto”, agregó.
El jefe del Ministerio Público lamentó “la magnitud de la desgracia y catástrofe ambiental que se está presentando” en el Río Atrato y reiteró que la Procuraduría va a ser garante del cumplimiento de la Sentencia T-622/16 que reconoció al río como sujeto de derechos y de los acuerdos que se deriven para su implementación”.
En el Conejo Asesor Ambiental el Procurador General escuchó los planteamientos de académicos, expertos, representantes de organizaciones internacionales y de consejos comunitarios de la región sobre los retos en la implementación, espacio en el que se acordó elaborar un plan de acción en defensa del río y un cronograma de trabajo articulado entre los diferentes actores que deben cumplir la orden de la Corte Constitucional.
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