El Gobierno quiere sacar adelante una reforma agraria que redistribuya la tierra, pues se calcula que el 85 % de las tierras lo tiene el 1 % de propietarios.
A pesar de que el Gobierno de Gustavo Petro ha avanzado más que otras administraciones en la deuda histórica del reparto de tierras, la meta de repartir 7 millones de hectáreas aún es lejana, aunque desde el Gobierno aseguran que el compromiso es cumplir.
“Hoy tenemos dos metas claras que nos impone el acuerdo de paz (firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las desmovilizadas FARC), que son entregar 7 millones de hectáreas de tierras formalizadas y 3 millones de hectáreas compradas”, dice el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman.
Para este ingeniero civil esas cifras son sustanciales “para avanzar en el marco de un proyecto común que implica, de alguna manera, redistribuir la tierra, y mejorar las condiciones de vida de los colombianos”.
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El problema de la tierra ha alimentado históricamente la violencia y por eso durante décadas los gobiernos han intentado resolverlo, sin éxito.
Las talanqueras corren por cuenta de importantes grupos de poder, un fragmentado territorio y un aparato estatal cuyas iniciativas sólo parecen generar burocracia en lugar de soluciones.
Mucha en pocas manos
El Gobierno quiere sacar adelante una reforma agraria que redistribuya la tierra, pues se calcula que el 85 % de las tierras lo tiene el 1 % de propietarios, según la ONG Oxfam.
En poco más de dos años se han formalizado 1.208.000 hectáreas. Y en el proceso de compra, la cifra está en alrededor de 166.000 hectáreas, cifras muy por debajo de las calculadas por el mismo Gobierno.
Tener un documento que certifique la propiedad significa para un campesino poder solicitar préstamos bancarios, ser parte de proyectos productivos y de las convocatorias del Estado, entre otros.
“La informalidad de la propiedad en Colombia ha bloqueado el derecho al crédito, el derecho a la financiación, el derecho a la articulación productiva del Estado”, asegura Harman.
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Un problema centenario
Para Harman la reforma agraria ha sido un sueño postergado de la modernización del campo en Colombia.
“Hoy este nuevo esfuerzo que viene liderando el Gobierno lo que pretende es superar las causas estructurales de tanta violencia que se reflejó en el conflicto armado en Colombia y avanzar en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, que son sustancialmente un compromiso de Estado”, dice convencido.
En esa dirección, el Gobierno también ha comprado 77.103 hectáreas para pueblos étnicos, una cifra muy superior a las adquiridas durante los cuatro años de la presidencia de Iván Duque, que fue de 14.455 hectáreas.
Otro avance es que el Gobierno aprobó la constitución de siete Zonas de Reserva Campesina (ZRC), que suman más de 440.000 hectáreas de tierras, con lo que existen 14 de estos territorios productivos en Colombia, la mitad creados en los dos últimos años.
Tierra y corrupción
Otro frente de trabajo de la ANT es la recuperación de baldíos, tierras que estaban en manos que no corresponden, y que hoy suman un poco más de 190.000 hectáreas.
En las acciones de recuperación, la ANT se ha encontrado con “sorpresas” como que el concejal de la localidad de Buenavista, departamento de Córdoba, David Jorge Márquez, explotó durante 15 años 5.000 hectáreas que el exparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, devolvió al Estado para reparar a víctimas del paramilitarismo.
Otro caso fue el de la hacienda ‘Viento Alto y El Ratón’, en Córdoba, un predio de casi 900 hectáreas, que habían sido apropiadas por Manuel Cabrales Lacharme, padre de Daniel Alberto Cabrales Castillo, exembajador y exsenador del partido Centro Democrático.
“Para nadie es un secreto que la guerra en Colombia en gran medida ha sido por el control de la tierra y el territorio, las dificultades con los actores armados, las presiones políticas de actores que están directamente implicados en el acaparamiento de tierras”, dice Harman.
Esfuerzo de varios gobiernos
Para el director la reforma agraria es un proceso que demanda del compromiso de este Gobierno y debe tener un músculo financiero.
“Creo que definitivamente nosotros vamos a dejar pasos importantes para alcanzarla (la reforma agraria), para materializarla, pero esto no es un asunto de un Gobierno”, apostilla Harman, quien recuerda que para comprar los 3 millones de hectáreas de los que habla el acuerdo de paz se necesitan 30 billones de pesos, unos 7.193 millones de dólares o 6.563 millones de euros.
Eso se traduce, según Harman, en que “se necesitarían de 3 a 4 gobiernos, con un instrumento financiero claro y concreto, para sacar adelante los temas de reforma agraria”, concluye Harman, que deberá hacer gestiones para enfrentar una disminución del 61 % del dinero asignado a la entidad creada en el acuerdo de paz para el 2025.
EFE
