Inassa, filial latinoamericana de la española Canal de Isabel II, dijo hoy que apelará la multa de 5.078 millones de pesos que le impuso la Superintendencia de Sociedades por un “soborno trasnacional” en Ecuador.
La compañía aseguró en un comunicado fechado en Madrid que “interpondrá el recurso de reposición (…) pues el comportamiento fuera de la ley se adelantó por individuos desleales y no por la empresa misma, tal y como se le manifestó a la Superintendencia de Sociedades”.
En ese sentido, tanto Inassa como Canal de Isabel II, manifiestan a la opinión pública que la falta fue cometida “por exfuncionarios de la organización que ya fueron despedidos, pues obraron de manera ilícita y en contravía de las políticas éticas de la organización”.
Según el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, la sanción contra Inassa es “por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en el año 2016”, aunque no dio más detalles.
Inassa, que tiene su sede en la ciudad colombiana de Barranquilla, está involucrada también en las investigaciones por corrupción en Canal Isabel II que se llevan a cabo en España y que se conocen como caso Lezo.
La compañía española enfatizó en el comunicado que “no se tolera ningún tipo de comportamiento que genere indicios de irregularidad y que su lucha para combatir los procedimientos que exejecutivos hayan podido adelantar por fuera del marco legal serán informados sin excepción a las autoridades correspondientes”.
La información agrega que Inassa siempre ha estado dispuesta a colaborar con la Superintendencia de Sociedades porque “la compañía misma ha dado información concluyente para que los responsables de dicha infracción sean investigados e imputados”.
Además, asegura que cualquier “resultado irregular” que se encuentre en auditorías que se llevan a cabo “será puesto en conocimiento de las autoridades competentes”, informa Efe.
A raíz del escándalo destapado en España por las operaciones de Canal de Isabel II, la Fiscalía, la Procuraduría (Ministerio Público) y la Contraloría (tribunal de cuentas) de Colombia abrieron el año pasado investigaciones a Inassa en el país.
