El informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU advirtió sobre el incremento en las cifras de reclutamiento de menores de edad.
En Colombia hubo 72 masacres en 2024, año en el que 89 líderes sociales fueron asesinados, reveló en Bogotá la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos al presentar su informe anual sobre el país, que advierte del incremento de las cifras de reclutamiento de menores por grupos armados ilegales.
El documento, que “analiza la situación de los derechos humanos en Colombia en 2024”, alerta de las “estrategias violentas de control social” de grupos armados y organizaciones criminales en las regiones que continúan “impactando en la población civil y generando riesgos para la gobernabilidad en los territorios”.
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“Esta violencia afecta desproporcionadamente a pueblos indígenas y afrodescendientes, procesos organizativos de base y comunidades campesinas”, agrega el informe, según el cual “los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales siguen tratando de destruir el tejido social, cooptar, suplantar y/o eliminar organizaciones con presencia histórica” en las regiones.
Reclutamiento al alza
Una de las cifras más preocupantes que revela el informe es el de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, pues este organismo verificó 216 casos, de los cuales 118 son niños, 86 niñas y 12 sin confirmación de género.
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Esto “implica un deterioro respecto a 2023 a pesar de que estas cifras representan solo una muestra del total de casos ocurridos en todo el país”, según el organismo de la ONU, que está preocupado porque el 58 % de las víctimas pertenecen a grupos indígenas o afrodescendientes.
“Varias víctimas reportaron haber recibido castigos físicos, haber sido usadas para el reclutamiento de otros niños y amenazadas tras su desvinculación del grupo”, detalló la Oficina.
Igualmente fueron documentados casos de niños y niñas asesinados en el conflicto o como represalias internas del grupo armado que los reclutó.
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Familiares de los menores también recibieron amenazas después de denunciar el reclutamiento o tras intentar recuperar a los niños y niñas.
“Debido al temor a las retaliaciones por parte de los grupos armados no estatales, a la normalización de estas conductas y a la desconfianza en las instituciones, un alto porcentaje de casos de reclutamiento no se denuncian ante las entidades públicas”, lamentó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU Derechos Humanos en su informe.
EFE