La JEP concluyó que no fueron los máximos responsables de esos crímenes y cumplieron con aportar a la verdad.
La JEP decretó el cierre de todos los procesos penales y eliminación de antecedentes relacionados con ‘falsos positivos’ a 36 militares implicados en asesinatos entre 2006 y 2008 en el departamento de Norte de Santander, informó el alto tribunal.
La determinación la tomó la Sala de Definición de la JEP luego de concluir que no fueron los máximos responsables de esos crímenes y cumplieron con aportar a la verdad, así como el compromiso de no repetición y dignificación de las víctimas.
Las dos resoluciones emitidas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP incluyen a 10 soldados profesionales activos, 21 retirados, además de dos sargentos viceprimeros, un sargento primero, un cabo segundo y un subteniente, implicados en los llamados ‘falsos positivos’.
En total, la JEP asegura que hay 6.402 víctimas de uno de los episodios más oscuros del conflicto en el que el Ejército engañó y ejecutó a jóvenes inocentes para hacerles pasar como bajas guerrilleras en combate, conocidos como ‘falsos positivos’.
Al concederles la renuncia a la persecución penal, se procede con la extinción de la responsabilidad y la sanción penal, así como con la eliminación de los antecedentes judiciales, conforme a las normas vigentes y en línea con el Acuerdo Final de Paz de 2016 firmado entre el Gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las Farc.
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“Aplicar este beneficio a quienes no ostenten la más alta responsabilidad en relación con graves crímenes, les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad”, explicó el alto tribunal de justicia transicional en un comunicado.
Los militares enfrentaban procesos penales y disciplinarios por hechos ocurridos entre 2006 y 2008, relacionados con homicidios en persona protegida, homicidios agravados en algunos casos y desaparición forzada.
Los 36 miembros del Ejército reconocieron “su participación en la planeación, ejecución y/o encubrimiento de seis hechos en los que ocho civiles fueron asesinados” en municipios de Norte de Santander.
Además, detallaron los roles específicos que desempeñaron en cada uno de los crímenes.
Para lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas los comparecientes participaron en siete Audiencia de Seguimiento a Régimen de Condicionalidad, en las que respondieron las demandas de verdad y reconocimiento que les hicieron los familiares de las víctimas.
En caso de que alguno de los comparecientes incumpla con sus compromisos -ya sea cometiendo nuevos delitos, no atendiendo requerimientos de la Jurisdicción o no llevando a cabo contribuciones a la restauración- el beneficio podrá ser revocado y su caso será remitido a la jurisdicción ordinaria para continuar con el proceso correspondiente.
EFE
