La Justicia Especial de Paz (JEP), creada para investigar y juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano, “debió ser más exigente”, afirma Alejandro Eder, quien hizo parte del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con las Farc.
“Pienso que lo ideal hubiera sido que los máximos responsables por delitos atroces de las Farc pasaran primero por el sistema de justicia transicional antes de llegar al Congreso de la República, pero las cosas no salieron así”, manifestó Eder en una entrevista con Efe.
En virtud del acuerdo definitivo de paz firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, las Farc, ahora convertidas en partido político, tienen derecho a cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes durante ocho años, periodo que comenzó el pasado 20 de julio.
Sin embargo, Eder, que fue alto consejero presidencial para la reintegración durante parte del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), considera que a pesar de las fallas atribuibles a la JEP “lo que hay vale la pena mantenerlo y no echarlo para atrás, para que Colombia avance”.
Eder, que también trabajó en 2006 diseñando las políticas nacionales de reintegración durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), asegura además que el presidente colombiano, Iván Duque, “tiene un interés en implementar los acuerdos de la mejor manera posible”.
“Tuve la oportunidad de acompañar al nuevo Gobierno durante el proceso de transición en el tema específico de la implementación de los acuerdos y lo que noté es que sí hay una buena voluntad, a pesar de las diferencias o las reservas que tienen sobre lo que se acordó con las Farc en La Habana”, señala.
Y es que este especialista en Relaciones Internacionales que a los 43 años busca la Alcaldía de Cali, una de las ciudades más golpeadas por la violencia y el narcotráfico del conflicto colombiano, tiene una visión profunda del acuerdo de paz firmado hace dos años.
“Creo que es importante ver cómo quedaron los acuerdos en la recta final (…) Si uno lo ve desde un punto de vista más técnico uno quisiera que hubieran quedado un poco más acotados” para que su implementación fuera menos difícil, dice.
Explica también que, por exigencia de las Farc, no se aprovechó que “Colombia ya tenía 15 años de experiencia implementando procesos de construcción de paz” especialmente “en temas de memoria histórica, de atención a víctimas y reintegración”.
Según recuerda, “en el proceso con las Farc ese grupo fue muy celoso y desconfiado del Gobierno colombiano” y sus exigencias lo que hicieron fue “dificultar la implementación” del acuerdo de paz al insistir en “que se plantearan nuevas políticas y nuevas instituciones para ellos”.
“Actualmente hay más de 20 ó 25 entidades que tienen alguna responsabilidad directa en la implementación de los diferentes aspectos de los acuerdos y creo que consolidándolas no debería haber más de seis o siete que puedan hacer eso”, afirma.
Sobre Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca y la ciudad más importante del oeste colombiano, Eder insiste en que sus ciudadanos tienen que “darse cuenta” de que no están “aislados del resto del país y mucho menos de la región”.
“Si uno ve la situación alrededor de Cali es muy compleja, si uno mira los cuatro departamentos del Pacífico, en la mitad de los municipios hay minería ilegal y si uno mira la situación de la región, más el Putumayo (sur), uno encuentra que ahí está sembrada más de la mitad de la coca que hay en Colombia“, añade.
Según Eder, toda esa coyuntura, en la que participa el crimen trasnacional, acaba teniendo un efecto sobre Cali, tercera ciudad de Colombia, informa Efe.
“Si bien Cali no es la responsable por resolver esos problemas, debe recuperar su prestigio a nivel nacional, recuperar su liderazgo a nivel subregional y liderar la búsqueda de soluciones”, expresa Eder.
