Un grupo de al menos diez militares y policías detenidos iniciaron una huelga de hambre para pedir ser cobijados por la Justicia Especial para la Paz (JEP) y obtener su libertad condicional.
Los militares, quienes permanecen en los centros reclusión de los municipios de Facatativá y Puente Aranda, afirman que la JEP ha beneficiado únicamente a miembros de las FARC tras el acuerdo firmado con el Gobierno nacional en noviembre de 2016.
“Actualmente llevo siete años y ocho meses de condena. Fui condenado a 13 años de prisión por homicidio simple por el juzgado de ejecución de penas de Facatativá. Me acogí a la ley de Justicia Especial para la Paz y no me han definido nada y por eso me voy a la huelga de hambre“, explicó uno de los reclusos a Blu Radio.
La Jurisdicción Especial para la Paz tiene como objetivo juzgar los delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, reseñó Efe.
Las sanciones establecidas en la JEP van desde cinco años de restricción efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel, dependiendo del aporte a la verdad, para los guerrilleros y los terceros.
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