La mina de níquel Cerro Matoso, propiedad de la australiana South32, no deberá indemnizar a comunidades indígenas y afrocolombianas por daños y perjuicios a la salud derivados de su operación luego que la Corte Constitucional anuló una sentencia previa, informó el tribunal.
Una sentencia de diciembre pasado había estipulado que Cerro Matoso debía reparar económicamente a ocho comunidades étnicas que tuvieron afectaciones en su salud por la explotación de la mina, al tiempo que ordenó a la empresa renovar su licencia ambiental para poder seguir operando y a realizar una consulta previa entre los habitantes de la zona.
Cerro Matoso pidió anular el fallo con el argumento de que cumplió sus planes ambientales para el manejo de la mina y el tribunal aceptó revisar el fallo previo.
Inicialmente la corte aseguró que la operación de la mina, ubicada cerca del municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, producía la recurrente emisión de nubes de escoria y material particulado que afectaba seriamente la salud de las comunidades aledañas provocando enfermedades respiratorias, cardiovasculares y dermatológicas a los habitantes de la zona.
El tribunal, no obstante, dejó en firme la exigencia a la empresa minera para tramitar una nueva licencia ambiental que se acoja a los estándares constitucionales y ambientales vigentes consultando a las comunidades de la región.
Grupos de derechos habían estimado que la empresa debía indemnizar con alrededor de 400 millones de dólares a unas 3.000 personas.
Cerro Matoso, unidad de South32 con sede en Australia, dijo que no ha sido notificada por parte del tribunal y que se pronunciará una vez reciba el respectivo fallo, informa Reuters.
Cerro Matoso produjo 40.600 toneladas de ferroníquel en 2017, un aumento desde las 37.000 toneladas en el año previo.
