Foto: Archivo referencial
Las denuncias de violaciones a los derechos humanos vuelven a rondar a las Fuerzas Armadas y a su ministro de Defensa, Guillermo Botero, salpicados por un bombardeo en septiembre pasado a disidentes de las Farc que costó la vida a ocho menores de edad y que salió a la luz en un debate en el Senado.
La gravedad del caso tiene en la cuerda floja a Botero, quien la noche del martes se vio en apuros para responder a las acusaciones del senador Roy Barreras, del Partido de la U, quien convocó un debate de moción de censura contra el ministro.
MATANZA OCULTADA
Barreras, que fue negociador de paz con las Farc, cuestionó duramente al ministro por esconder que entre los 14 muertos de un bombardeo a disidentes de las Farc en el departamento del Caquetá había siete menores de edad, cifra que la Fiscalía elevó a ocho.
“Usted por qué no le contó a Colombia que había bombardeado niños en ese operativo”, le espetó de manera sorpresiva el senador en un debate que todo indicaba se centraría en la no menos grave ola de asesinatos de indígenas del departamento del Cauca (suroeste) y de líderes sociales en todo el país.
Esta revelación causó un tremendo impacto en la opinión pública que desde mayo pasado está disconforme con la gestión del ministro y de los militares a su mando por una denuncia del diario The New York Times según la cual el Ejército tiene una directriz que puede revivir los “falsos positivos”, eufemismo usado para referirse a las ejecuciones de civiles.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explicó a Efe que en el caso del bombardeo las Fuerzas Militares podrían haber incumplido el principio de distinción, que establece la importancia de diferenciar a un combatiente y un civil, y el principio de proporcionalidad que recoge el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
“Cabe preguntarse bajo qué información se autoriza un bombardeo en ese tipo de situaciones pudiendo tener otras alternativas de atacar al objetivo militar”, aseveró Barrera.
SALIDAS EN FALSO
El voto de censura al que está abocado refleja también el enorme descontento de la opinión pública con la gestión de Botero, quizás el ministro más impopular de este Gobierno tanto por su falta de transparencia en la operación militar como por la ligereza con la que maneja asuntos delicados de derechos humanos.
En abril pasado, cuando un cabo del Ejército asesinó a sangre fría en la convulsa zona del Catatumbo al exguerrillero de las FARC Dimar Torres, Botero se apresuró a decir que el crimen había sido consecuencia de un “forcejeo”.
Sin embargo habitantes de esa región e informes de prensa revelaron que no hubo tal incidente sino que fue un asesinato planificado por un coronel del Ejército y varios de sus subalternos, algunos de ellos ahora presos.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
De la misma forma como se han cuestionado las actuaciones del ministro también se revivió la discusión sobre el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, un flagelo que el país creía haber superado con la firma del acuerdo de paz con las Farc.
“No voy a exculpar ni disculpar a las Fuerzas Militares por lo que hicieron, creo que eso no debió haber pasado, es de una enorme gravedad, pero también entiendo que el problema fundamental está en una guerrilla que sigue cometiendo toda clase de vejámenes y crímenes de guerra”, dijo Ruiz.
Al respecto, el investigador del Cinep señaló que en el bombardeo en el Caquetá “probablemente se configuró una violación flagrante” del DIH, aunque prefiere esperar del resultado de las investigaciones pertinentes.
El experto recordó a Botero que “el Derecho Internacional Humanitario no es recíproco”, y que el hecho de que esos grupos recluten menores y por lo tanto violen el DIH “no excusa la barbarie que cometieron”. EFE
