Los departamentos de Norte de Santander, Bogotá, Caldas, Valle del Cauca y Cundinamarca son los lugares donde más casos se presentaron.
Las mujeres, niñas y adolescentes continúan siendo las principales víctimas de la trata de personas en Colombia, ya que representan el 89 % de los casos de este delito, según alertó la Defensoría del Pueblo con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas.
De 236 casos atendidos por la Defensoría del Pueblo entre el 2018 y junio de este año, 212 (el 89 %) correspondieron a victimizaciones contra niñas, adolescentes y mujeres; 60 de ellos (el 25,4 %) estuvieron relacionados con la esclavización de personas migrantes.
Los departamentos de Norte de Santander, Bogotá, Caldas, Valle del Cauca y Cundinamarca son los lugares donde más casos se presentaron.
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El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, instó al Estado, “con el apoyo de la comunidad internacional y la sociedad en su conjunto, a fortalecer la definición e implementación de políticas públicas que permitan de manera temprana y urgente prevenir la esclavitud dentro y fuera del territorio colombiano”.
“La trata de personas es una grave vulneración de los derechos humanos que cada día afecta a más personas nacionales y extranjeras, sin que existan los suficientes recursos estatales para afrontar el accionar de quienes son tratantes de manera autónoma y organizada, lo cual redunda en la desprotección de quienes son víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, adolescentes y mujeres”, alertó Camargo.
La Dirección Nacional de Defensoría Pública está representando judicialmente a víctimas del delito en 124 procesos penales, mientras que la Defensoría del Pueblo ha emitido 40 Alertas en las que advierte el riesgo de trata de personas en el desarrollo del conflicto armado y en conexidad con otras violencias.
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A la fecha, esta conducta ha sido identificada en 133 municipios de 25 departamentos.
Esto se traduce en que para los grupos al margen de la ley inmersos en el conflicto esclavizar a personas connacionales y extranjeras les genera una serie de beneficios no calculados: económicos, de control poblacional y del territorio.
En este sentido, es necesario que el Estado avance en la detección y registro de casos, así como la persecución y sanción penal de las redes y victimarios autónomos. También la definición e implementación de acciones que permitan el acompañamiento integral a la población migrante, con el fin de mitigar el alto riesgo de esclavización en el que se encuentra.
EFE
