La vida de Adolfo Ramos, un líder social del departamento de Chocó, está amenazada y afectada por la misma violencia que quiso dejar atrás cuando huyó desplazado de su territorio a causa del conflicto armado.
No es el único: Hernán Bedoya fue asesinado el pasado 8 de diciembre en una zona rural del municipio de Riosucio, cerca de donde vive Adolfo, por grupos herederos del paramilitarismo.
Para evitar ese mismo destino, Adolfo, representante del municipio de Villa Eugenia y miembro del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó, apenas sale de su casa.
Una de las últimas veces que salió fue para asistir al funeral de su compañero y también líder social, Mario Castaño, quien fue asesinado el 23 de noviembre en su casa de Belén de Bajirá, reporta Efe.
Sin embargo, los asesinatos de líderes sociales ocurren en todo el país. Según cifras del Gobierno, los últimos ataques elevan el número de muertes a 113 desde 2016, de los cuales 54 han ocurrido en 2017.
Los casos registrados son más para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que cuenta 80 asesinatos, o para la organización Somos Defensores, que asegura que ya son más de 90.