El presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de liquidar las EPS que se encuentren en quiebra, detonando una fuerte reacción de la oposición que advirtió que la medida podría dejar sin sistema de salud a más de 20 millones de colombianos.
El argumento del Gobierno fue económico: asumir las deudas de las EPS quebradas resultaría más costoso para el Estado que liquidarlas directamente. Pero la oposición no tardó en responder.
Congresistas y sectores críticos advirtieron que una liquidación masiva de aseguradoras dejaría a millones de personas sin acceso a servicios de salud mientras el Gobierno intenta construir un nuevo modelo, generando un vacío que podría tener consecuencias graves para la población más vulnerable. El debate instaló una vez más la reforma a la salud en el centro de la disputa política nacional.
