Las denuncias sobre presuntas interceptaciones ilegales a la campaña de Abelardo de la Espriella generaron un choque político de grandes proporciones, con la oposición acusando al Gobierno de usar la inteligencia del Estado para perseguir adversarios.
La polémica estalló luego de que el presidente Petro mencionara en sus redes sociales tener conocimiento de supuestas conversaciones entre De la Espriella y los hermanos Bautista, accionistas de Thomas Greg & Sons, empresa vinculada a la logística electoral. Para varios sectores políticos, el solo hecho de que Petro mencionara esas conversaciones era la prueba de que existían interceptaciones ilegales. Desde el Gobierno argumentaron que los informes de inteligencia buscaban proteger la transparencia del proceso electoral. Los candidatos tomaron bando y la tensión se instaló en el centro de la campaña a 55 días de la primera vuelta.
