La norma toma su nombre de un perro víctima de un acto brutal de crueldad en Boyacá en 2021, que falleció a comienzos de este año.
El presidente Gustavo Petro, sancionó las leyes Ángel y Lorenzo, dos nuevas normas que refuerzan significativamente la protección de los animales en el país con un endurecimiento de las penas contra el maltrato.
“La Ley Ángel endurece las penas por maltrato animal, la Ley Lorenzo garantiza condiciones dignas para los perros de seguridad”, explicó el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) en un comunicado.
Durante la ceremonia en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, se rindió homenaje a Wilson, el perro militar que participó en la ‘Operación Esperanza’ en la que fueron rescatados cuatro niños indígenas que duraron perdidos 40 días en la Amazonía en 2023, como símbolo del compromiso estatal con los derechos de los animales.
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“Es a través del animal, de todo lo vivo, que comprendemos que la naturaleza debe ser respetada. De lo contrario, moriremos”, afirmó el presidente.
Impulsadas por la senadora Andrea Padilla Villarraga, ambas leyes responden a casos reconocidos de crueldad animal que sacudieron a la opinión pública.
Por un lado, la ley Ángel, que actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, contempla penas de prisión superiores a cuatro años para quienes “maten, lesionen gravemente o abusen sexualmente de un animal”, convirtiendo estos delitos en no excarcelables.
Las multas también aumentarán y se implementarán penas accesorias como la prohibición de tener animales y la creación de un registro de agresores.
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La norma toma su nombre de un perro víctima de un acto brutal de crueldad en Boyacá en 2021, que falleció a comienzos de este año tras una larga lucha por su recuperación.
Según cifras oficiales, desde la entrada en vigor de la ley de maltrato animal en 2016, en Colombia se han registrado más de 15.500 denuncias por este delito, pero solo el 1,4 % ha culminado en condenas, lo que evidencia una alarmante impunidad.
Con la ley Ángel, se busca revertir esta situación mediante penas de cárcel que superan los cuatro años, lo cual impide que los agresores accedan a beneficios judiciales como la libertad condicional.
La ley Lorenzo, por su parte, establece estándares de bienestar para los perros utilizados en vigilancia privada, reduce su edad máxima de servicio y promueve tecnologías que eventualmente sustituyan su uso.
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“Estas dos leyes representan un buen avance en el largo y espinoso camino que seguiré recorriendo por los animales, siempre en democracia y con devoción, mientras la vida lo permita y Dios lo disponga”, expresó la congresista.
El Gobierno nacional, en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Superintendencia de Vigilancia, será el encargado de garantizar la implementación efectiva de estas medidas.
Ambas leyes representan un avance importante en la política pública animalista del país y responden a una demanda creciente de la sociedad por una mayor justicia hacia los animales.
EFE
